El retorno a la prudencia en el manejo del dinero público tendrá que esperar. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sinceró el panorama macroeconómico y confirmó que el tope del 1,5% de déficit fiscal fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal recién se alcanzará en 2028. Para los próximos años, el fisco prevé un saldo negativo del 3,2% del PIB en 2026 y del 3,9% en 2027. El dato no es menor: traduce la dificultad estructural del Estado paraguayo para cerrar la brecha entre lo que ingresa a las arcas públicas y lo que efectivamente se gasta.
¿Qué hay detrás de este aplazamiento de la disciplina fiscal? La respuesta oficial apela a la regularización de las deudas acumuladas con proveedores clave del sector privado —en especial constructoras y farmacéuticas—, sumada a la necesidad de financiar servicios básicos y programas de contención social. Sin embargo, el análisis de los datos semestrales revela una dinámica preocupante: los gastos estatales crecen a un ritmo infinitamente superior al de la recaudación tributaria.
El peso de la deuda acumulada y la brecha de ingresos
Según el Informe de Finanzas Públicas 2026 del MEF, el ejercicio fiscal arrancó con obligaciones pendientes por unos US$ 1.300 millones. De ese monto, US$ 1.050 millones corresponden a compromisos arrastrados con proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mientras que unos US$ 250 millones pertenecen a certificados de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Saldar lo adeudado sin congelar la obra pública ni desabastecer los hospitales obligó al Poder Ejecutivo a recalibrar su hoja de ruta.
El problema de fondo es la asimetría en las cuentas. Durante el primer semestre de 2026, los ingresos totales de la Administración Central apenas aumentaron un 0,5% interanual, mientras que el gasto total se disparó un 11,7%. Esta disparidad dejó un déficit acumulado de G. 4,69 billones (un 1,2% del PIB) en solo seis meses. En el ámbito de las obras públicas, la ejecución creció un 22,6% impulsada por el pago a las constructoras, absorbiendo el MOPC el 70,5% de la inversión estatal. Si los ingresos no repuntan, continuar financiando el gasto corriente mediante endeudamiento tensionará inevitablemente la salud financiera de las familias y la competitividad del país.
Presupuesto 2027 y la sangría incesante de la Caja Fiscal
El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 alcanza los G. 166,3 billones, lo que representa un incremento del 11,2% respecto al plan de gastos aprobado para 2026. Si bien el proyecto contempla partidas de alto impacto social —como G. 3,6 billones para la pensión de adultos mayores, G. 3,2 billones para el programa Hambre Cero y G. 587.000 millones para Tekoporã Mbarete—, el volumen de gasto en bienes y servicios de la Administración Central casi se duplicará, pasando de G. 7,82 billones a G. 14,29 billones.
Paralelamente, la Caja Fiscal sigue consolidándose como el principal agujero negro del Tesoro Nacional. Tras registrar un déficit de US$ 379 millones en 2025, el MEF proyecta para 2026 un saldo negativo cercano a los US$ 405 millones, concentrado en los sectores del Magisterio Nacional y las Fuerzas Públicas. Aunque la reforma previsional promulgada en marzo de 2026 busca atenuar el desbalance, las proyecciones oficiales reconocen que entre 2027 y 2031 el sistema seguirá demandando un promedio de US$ 631 millones anuales de los impuestos de todos los ciudadanos para cubrir las jubilaciones del sector público.
Deuda pública y el riesgo de shocks externos
En materia de endeudamiento, el MEF prevé que la deuda de la Administración Central caiga temporalmente del 36,1% del PIB en 2025 al 31% en 2026, impulsada de forma coyuntural por la apreciación del guaraní frente al dólar. No obstante, para 2027 el nivel de endeudamiento volverá a subir al 33,1% del PIB.
Estas estimaciones se sustentan sobre un escenario base que contempla un crecimiento económico del 4,5% para 2026 y una expansión promedio del 4,2% para el periodo 2027-2031. Sin embargo, el propio informe oficial advierte sobre la fragilidad del esquema: ante un eventual deterioro del contexto externo o una menor demanda interna, el crecimiento en 2027 podría desacelerarse al 2,6%. En ese escenario adverso, el déficit fiscal de 2028 treparía al 2,2% y la deuda treparía al 35,3% del PIB.
El plan del gobierno para postergar la convergencia fiscal plantea un debate sobre la sostenibilidad del gasto. Depender exclusivamente de una mejora en la fiscalización o del cobro de tributos indirectos —que hoy representan el 72,7% de la recaudación total— resulta insuficiente si la estructura del gasto público no se reforma a fondo. Queda abierta la duda de si en 2028 primará la verdadera disciplina o si el compromiso de moderación volverá a postergarse.