De las 501 causas por exposición al peligro en el tránsito terrestre ingresadas entre enero y octubre de 2026 en el Ministerio Público de Alto Paraná, apenas una tiene fecha fijada para juicio oral y público, prevista para el 17 de noviembre. Las 500 restantes no avanzaron hacia una imputación ni pasaron por el tamiz de un juzgado de garantías: fueron zanjadas en el ámbito fiscal mediante la aplicación del criterio de oportunidad. La cifra, de por sí reveladora sobre el funcionamiento de la justicia punitiva en el este del país, cobra una dimensión institucional severa cuando se examina la mecánica con la que se administra este beneficio procesal y el destino final de las supuestas compensaciones destinadas a la sociedad.
El artículo 217 del Código Penal sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol o sin la documentación reglamentaria con penas de hasta dos años de cárcel o multa. Sin embargo, el procedimiento habitualmente no empieza con la aplicación rigurosa de la norma, sino con el filtro de los controles preventivos a cargo de la Policía Nacional. De acuerdo con las denuncias recopiladas por el diario La Clave, los conductores retenidos son trasladados a las comisarías locales, donde se les exigiría dinero para evitar ser remitidos al Ministerio Público. Aquellos que no ceden ante el chantaje policial terminan a disposición del fiscal de turno, lugar donde se abre el segundo tramo de este engranaje de recaudación.
El costo de la impunidad al volante
Una vez que el caso ingresa al sistema informático de la Fiscalía, la salida procesal prevista en el artículo 19 del Código Procesal Penal —diseñada para descongestionar el sistema judicial mediante reparaciones simbólicas o donaciones a instituciones de beneficencia— se transforma, en la práctica, en un peaje de impunidad. Los cobros requeridos a los infractores para eludir la imputación oscilarían entre G. 1.500.000 y G. 5.000.000 por persona, exigidos en efectivo o mediante la entrega de electrodomésticos, acondicionadores de aire y bebederos.
La escala financiera de este mecanismo paralelo es considerable para una estructura departamental. Si se toma como base el monto mínimo de G. 1.500.000 sobre los 500 expedientes cerrados sin imputación, la recaudación mínima estimada alcanza los G. 750 millones. Si la exigencia se fijó en el techo de los G. 5.000.000, la cifra global asciende a G. 2.500 millones. El problema de fondo no radica únicamente en la cuantía del dinero que circula fuera del sistema tributario y bancario, sino en la ausencia total de rendición de cuentas sobre quién recibe los fondos, dónde se depositan y bajo qué criterio se autoriza la entrega de bienes.
Donaciones sin registro y una institucionalidad bajo sospecha
Aunque la normativa exige la intervención judicial y el destino comprobable de los aportes a entidades de servicio social como hospitales, hogares de ancianos o comedores de niños, las entregas públicas son esporádicas y excepcionales. Fuentes internas del propio Ministerio Público indicaron que la mayor parte de las donaciones en especie —electrodomésticos y equipos de climatización— terminan instaladas en las residencias particulares de asistentes fiscales y agentes titulares, o son distribuidas de forma discrecional entre familiares y allegados sin dejar constancia en los expedientes.
En Ciudad del Este operan 11 unidades penales ordinarias. Ninguna de ellas ha presentado un informe público ni un inventario detallado sobre las reparaciones económicas gestionadas a lo largo del año. La falta de control rozaría la cúpula de la Fiscalía Regional de Alto Paraná, a cargo del fiscal adjunto Celso José Sanabria González, quien asumió la titularidad de la dependencia el 26 de mayo de 2026 en reemplazo de Jorge Sosa García.
El uso sistemático y discrecional del criterio de oportunidad expone una contradicción de fondo en la política criminal del Estado. La ley concibe la reparación del daño como un mecanismo de reinserción y compensación comunitaria, no como una caja chica sin auditoría para funcionarios de turno. Mientras el Ministerio Público no clarifique el destino documentado de las Donaciones de estas 500 causas, la persecución de los delitos de tránsito en el este continuará bajo la sospecha de ser un esquema privatizado de recaudación.