La senadora Zenaida Delgado comparece este lunes 2 de noviembre, a las 15:30, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para presentar su descargo formal frente a las acusaciones de presuntos cobros indebidos a funcionarios a cambio de contratos, nombramientos y mejoras en sus ingresos. Lejos de dar un paso al costado, la legisladora optó por no renunciar y someterse al proceso de pérdida de investidura impulsado en su contra. La comparecencia marca el inicio de la fase decisiva de un expediente que no solo juzga la conducta individual de una parlamentaria, sino que vuelve a medir la consistencia del propio Congreso a la hora de sancionar prácticas que la ciudadanía repudia con justa razón.
La audiencia se desarrollará en el órgano asesor que preside el senador Javier Zacarías Irún, instancia que tiene previsto emitir su dictamen con vistas a la sesión ordinaria del miércoles 4 de noviembre, fecha en que el pleno podría tratar la expulsión de la legisladora. Delgado acudirá acompañada por su abogado, Óscar Tuma, con el objetivo de responder de forma puntual a los siete ejes del libelo acusatorio presentado por la senadora Yolanda Paredes, de la bancada de Cruzada Nacional.
Las cifras de la denuncia y los antecedentes del caso
Los hechos descriptos en la acusación detallan un esquema de supuesta exigencia económica a colaboradores parlamentarios que excede la mera irregularidad administrativa. De acuerdo con el libelo, la legisladora habría exigido pagos de hasta G. 50 millones y G. 15 millones a dos funcionarias para gestionar la obtención de sus respectivos puestos en el Poder Legislativo. A estas sumas iniciales se sumarían descuentos mensuales aplicados a las bonificaciones salariales por montos de hasta G. 2 millones. La denuncia complementa este cuadro señalando que Delgado gestionó reajustes en las remuneraciones de 17 colaboradores desde el año 2023, una maniobra que sitúa la administración del dinero público como una moneda de cambio dentro del propio despacho senatorial.
El camino hasta esta comparecencia muestra un trámite institucional marcado por dilaciones previas. La semana pasada, la senadora logró postergar el tratamiento de su pérdida de investidura en el pleno tras obtener 28 votos a favor de concederle un plazo adicional para estructurar su articulado defensivo. La pregunta que queda flotando es si ese tiempo fue utilizado exclusivamente para articular un argumento jurídico sólido o para intentar desactivar el conflicto por vías extrajudiciales que terminaron complicando aún más su situación pública.
La estrategia de la conciliación fallida y el valor de las pruebas
Tras la postergación lograda en la Cámara Alta, Delgado acudió a la Fiscalía en un intento por alcanzar un acuerdo con las tres funcionarias denunciantes. La propuesta buscaba frenar la divulgación de los mensajes de texto e impedir que las afectadas continuaran brindando declaraciones a los medios de comunicación. Como parte del ofrecimiento financiero, la parlamentaria habría planteado la cobertura de G. 70 millones para cancelar tres préstamos bancarios asumidos previamente por dos de las trabajadoras.
Sin embargo, el intento de acuerdo fracasó. Según lo explicado por una de las denunciantes, Lidia González, las funcionarias rechazaron la firma del documento al constatar que la propuesta exigía la entrega física de sus aparatos celulares con el fin de borrar las conversaciones acumuladas. A este elemento se suma lo expuesto por otra de las afectadas, Mirtha Jara, quien denunció haber sido citada en el estacionamiento del Congreso por intermediación de la hermana de la senadora, lugar donde también se le habría requerido la entrega de su teléfono móvil para eliminar los registros de las comunicaciones.
El episodio de los teléfonos deja en evidencia una paradoja inocultable: cuando la defensa de la inocencia requiere la eliminación previa de las pruebas, el argumento jurídico pierde sustentabilidad política. Las instituciones no pueden ser ciegas ante la gravedad de estos relatos. La Comisión de Asuntos Constitucionales y el pleno del Senado tienen hoy la oportunidad de demostrar si la pérdida de investidura es una herramienta constitucional de saneamiento o si continuará supeditada a las mayorías coyunturales que protegen o entregan según el color del afectado.