El Poder Ejecutivo acreditó G. 9.609 millones a las empresas de transporte público agrupadas en el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) para cancelar deudas pendientes por subsidios. Con este desembolso, el Estado busca desactivar la amenaza de un paro del servicio en Asunción y el departamento Central, aunque la respuesta del sector empresarial confirma que el pago de recursos públicos nunca es suficiente para cerrar la discusión sobre la calidad y el costo del sistema.
La transferencia fue ratificada por el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, en declaraciones a la emisora Universo 970 AM. El monto saldado corresponde a compensaciones por combustible del periodo 2025 que acumulaban un atraso computable de hasta 633 días, un desfasaje administrativo que suele servir de argumento recurrente a las empresas para condicionar la prestación regular del servicio a los pasajeros.
Intereses y tarifas: el reclamo que nunca acaba
A pesar de haber recibido la totalidad del capital adeudado, la vocería de las transportistas advirtió que la transferencia no resuelve el fondo de sus reclamos. Según las estimaciones expuestas por el propio Ruiz Díaz, el Estado paraguayo aún mantendría un saldo pendiente de G. 336 millones en concepto de intereses generados por la demora en la acreditación del dinero.
La cancelación de la deuda evita, por el momento, la suspensión de la flota que los empresarios habían anunciado para antes del 30 de noviembre, como informó este medio Cetrapam amenaza con parar los buses el 30 de noviembre si el Gobierno no cancela deuda. Sin embargo, la estrategia del sector privado vuelve a desplazar el eje del debate: una vez asegurado el cobro del subsidio público, el gremio presiona ahora para conformar una mesa técnica con el objetivo de modificar los criterios que determinan la tarifa técnica del pasaje.
El costo real para el usuario del transporte
La dinámica en el transporte público del área metropolitana mantiene un patrón predecible. El Estado destina millonarios recursos de los contribuyentes para subsidiar el precio del boleto, pero la discusión técnica se concentra de manera exclusiva en las liquidaciones a las empresas, dejando al margen las métricas sobre la calidad de las unidades, las frecuencias y los tiempos de espera que padecen a diario miles de trabajadores.
El desembolso del dinero público cancela los compromisos financieros de la administración central, pero deja abierta la cuestión de fondo: cuánto más debe aportar el presupuesto estatal a un modelo de transporte que exige puntualidad en los pagos del Gobierno, mientras la ciudadanía sigue esperando puntualidad en las paradas.