El Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) advirtió que las empresas asociadas operarán únicamente hasta el próximo 30 de noviembre. La decisión responde a un millonario atraso en el pago de las compensaciones tarifarias por parte del Estado, una situación que vuelve a poner en jaque la movilidad diaria de miles de trabajadores y estudiantes en el departamento Central y la capital.
El reclamo financiero del gremio asciende a unos G. 9.600 millones, correspondientes a deudas pendientes del ejercicio 2025. Más allá del desembolso puntual, el sector empresarial cuestiona la falta de apertura del Poder Ejecutivo para instalar una mesa técnica que revise los criterios de cálculo del subsidio, un mecanismo que arrastra fallas de origen y desacuerdos crónicos entre las partes.
Un subsidio al pasajero y no a la oferta
En medio del conflicto, el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, introdujo un punto de discusión que alinea al gremio con reclamos históricos de la ciudadanía: la necesidad de modificar de raíz la arquitectura del subsidio. Según el dirigente, los recursos financieros estatales deberían transferirse de manera directa a los pasajeros y no a las empresas de transporte, como se ejecuta actualmente.
Esta postura abre un debate de fondo sobre la eficiencia del gasto público. Un subsidio a la demanda, gestionado a través de la tarjeta del billeteraje electrónico, permitiría subsidiar el viaje del usuario real y eliminar las sospechas sobre pasajes fantasmas o frecuencias no cumplidas por parte de las empresas.
Las implicancias del ultimátum
El anuncio del gremio coloca la pelota en la cancha de las autoridades del Transporte y del Ministerio de Economía y Finanzas. Si no se logra un acuerdo antes de la fecha límite, la parálisis del servicio afectará la dinámica económica a fin de año, un periodo crítico para el comercio y el consumo masivo.
Los recursos deben transferirse directamente a los pasajeros y no a las empresas.
Resta definir si la amenaza de paro derivará en una negociación de urgencia que desactive la medida o si, por el contrario, el Gobierno avanzará en la reestructuración técnica de los pagos para evitar que el usuario vuelva a ser el rehén de las diferencias financieras entre el Estado y los transportistas.