La crisis del sistema de educación superior en Paraguay suma un nuevo capítulo de incertidumbre institucional. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) remitió al Ministerio Público una nómina de 138.000 títulos universitarios registrados entre 2023 y 2026 a fin de verificar su autenticidad y el estado legal de las carreras de origen. El dato coincide con una investigación paralela de la Fiscalía sobre más de 5.300 títulos de Medicina que fueron expedidos sin contar con la acreditación correspondiente. El trasfondo del problema expone una falla estructural en el control público y plantea interrogantes concretos sobre la validez del esfuerzo académico de miles de estudiantes.
La directora ejecutiva de la ANEAES, Adriana Pesoa, detalló en declaraciones a la radio Universo 970 AM y GEN-Nación Media que la remisión de la lista responde a un cruce de datos realizado con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Según explicó la funcionaria, la medida no implica sostener que la totalidad de los documentos registrados sean falsos, sino que resulta indispensable un análisis individualizado para corroborar si las instituciones cumplieron con las normativas vigentes al momento de emitir los diplomas.
Brechas normativas y el rol de los organismos de control
El marco regulatorio muestra vacíos que facilitaron la proliferación de ofertas académicas sin los estándares requeridos. La Ley 2072 dispone la obligatoriedad de acreditar las carreras cuyo ejercicio puede afectar directamente la salud o el patrimonio de las personas, tales como Medicina, Odontología, Arquitectura, Ingeniería y Agronomía. Sin embargo, en la práctica existió una brecha temporal entre la habilitación legal para funcionar y la fiscalización efectiva de la calidad académica.
Hasta el año 2025, los títulos podían inscribirse en los registros oficiales con el único requisito de que la carrera contara con la habilitación del Cones, prescindiendo del aval de la ANEAES. Esta disposición cambió a partir de una resolución del MEC que establece que, desde 2026, solo podrán registrarse los títulos de carreras acreditadas o que se encuentren formalmente en proceso de evaluación. La brecha normativa previa permitió que miles de egresados ingresaran al mercado laboral sin que el Estado garantizara la idoneidad de la formación recibida.
“No estamos dimensionando el problemón que implica esto”, expresó la directora ejecutiva de la ANEAES, Adriana Pesoa.
Las consecuencias para el egresado y la sociedad
El punto central del conflicto no radica únicamente en la persecución penal de eventuales falsificaciones, sino en la desprotección de los estudiantes que cursaron sus estudios de buena fe. La inacción o la tardanza en los controles por parte del Cones —órgano competente para inspeccionar, intervenir o clausurar las carreras que no se someten a las evaluaciones periódicas— generaron un escenario donde la validez de los títulos queda bajo sospecha generalizada.
La situación de la carrera de Medicina resulta ilustrativa de esta problemática. La existencia de más de 5.300 diplomas bajo investigación fiscal en un área directa de la salud pública refleja la magnitud de las omisiones de control. Para los egresados, la falta de acreditación de sus carreras de origen limita la posibilidad de revalidar estudios, acceder a posgrados o ejercer legalmente la profesión en otras jurisdicciones. Para la sociedad, el riesgo se traslada al nivel de profesionalismo de la atención médica y de las obras de infraestructura.
Ante la persistencia de estas irregularidades, la ANEAES instó a los estudiantes y tutores a verificar el estado de las carreras antes de concretar inscripciones académicas. El organismo mantiene habilitado un buscador público en su sitio oficial (www.aneaes.gov.py) para consultar las acreditaciones vigentes por institución, sede y departamento en todo el territorio nacional.