El Juicio Político al presidente Santiago Peña ingresó este jueves en su etapa decisiva. La Cámara de Senadores, constituida en tribunal, resolvió de forma oficial declarar preclusa la etapa de presentación de descargos tras vencer el plazo legal otorgado al mandatario. Al no registrarse la comparecencia del jefe de Estado ni la de su equipo legal —integrado por los abogados Adolfo Ferreiro y Guillermo Preda—, el pleno votó a favor de dar continuidad al juzgamiento y disponer un nuevo cuarto intermedio para ordenar el tramo final del debate.
De la retórica pública al silencio en el recinto
El desenlace procesal de la jornada contrasta de manera directa con las declaraciones previas del propio mandatario. A través de su cuenta oficial en la red social X, Peña había asegurado públicamente que acudiría en persona a ejercer su defensa ante el Legislativo. En sus mensajes, no solo prometió dar la cara ante la acusación, sino que afirmó que su intervención expondría a otros referentes políticos como supuestos cómplices en la gestión de la crisis bancaria que desencadenó el juzgamiento.
Sin embargo, la estrategia de comunicación no se tradujo en una acción jurídica en el estrado. El plazo reglamentario feneció sin que ingresara escrito alguno ni se acreditara la presencia de sus defensores en el recinto. En el ámbito parlamentario, el silencio formal tiene un peso técnico insoslayable: al agotarse el tiempo de la defensa, el procedimiento no se detiene y la acusación ratifica su curso institucional.
El escenario político y los pasos a seguir
La decisión de la Cámara Alta de avanzar sin la postura formal del acusado traslada la máxima presión al tablero legislativo. Los legisladores votaron la prosecución de la causa y decretaron el cuarto cuarto intermedio del día, en una jornada de alta tensión parlamentaria donde se definen las mayorías necesarias para la resolución del juicio.
La ausencia de la defensa deja al plenario con la única tarea de evaluar el libelo acusatorio y los elementos aportados durante el proceso. En este tipo de instancias institucionales, la renuncia al uso de la palabra ante el tribunal acorta los plazos de discusión técnica y traslada el eje exclusivamente a la negociación de los votos. Queda por ver si la táctica del Ejecutivo responde a un repliegue político o a la pérdida de terreno en la correlación de fuerzas de la Cámara Alta.