La Cámara de Senadores abrió este viernes la sesión extraordinaria para debatir el juicio político al presidente Santiago Peña, luego de escuchar las exposiciones de los fiscales acusadores y los representantes legales del jefe de Estado. Con este paso, el Congreso entra en la recta final del procedimiento constitucional que determinará si el mandatario es destituido por presunto mal desempeño en sus funciones.
El titular del Legislativo, Basilio Núñez, dio por cerrada la etapa de alegatos previos y convocó de inmediato a la nueva plenaria para permitir la deliberación entre los legisladores. El debate parlamentario expone no solo las posturas de los bloques políticos, sino también la profundidad de la crisis institucional que atraviesa el Poder Ejecutivo.
Las posturas en el recinto
Durante las primeras intervenciones de la jornada, la bancada opositora enfatizó la gravedad de la situación política y la responsabilidad del Parlamento. El senador Líder Amarilla rebatió los argumentos planteados por los abogados del presidente y reivindicó la atribución constitucional del Congreso para juzgar políticamente a la máxima autoridad del Ejecutivo.
A su turno, el legislador Carlos Núñez cuestionó la ausencia del propio Santiago Peña durante el desarrollo de las audiencias, señalando la falta de presencia física del mandatario para asumir su defensa ante la representación nacional. En tanto, el senador Salyn Buzarquis articuló su discurso en torno a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia la gestión gubernamental, argumentando que el deterioro social exige una definición clara del Legislativo.
Los reparos de la defensa y el desenlace
Previo a la apertura de la discusión entre los senadores, la defensa técnica encabezada por los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro dio por concluidas sus intervenciones. La representación legal orientó sus alegatos finales a cuestionar las garantías del procedimiento y objetó la continuidad del juicio político considerando la renuncia que el propio Peña ya había anunciado.
El hecho plantea un escenario de altísima tensión política: la Cámara Alta analiza si corresponde avanzar hasta la votación definitiva para dejar sentada una destitución formal o cómo incide la dimisión del Presidente en el curso del proceso. Finalizada la lista de oradores, el cuerpo legislativo procederá a la votación que resolverá de forma definitiva la suerte del juicio político.