El expresidente de la República Santiago Peña deberá comparecer este viernes a las 11:30 ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. La diligencia judicial se llevará a cabo de manera presencial en la sede fiscal, según confirmaron las autoridades del organismo investigador. Para el efecto, la logística contempla el traslado del exmandatario desde el Regimiento Escolta Presidencial, lugar donde permanece bajo custodia.
La decisión institucional representa un posicionamiento claro de la representación social frente a los planteamientos de la defensa. El Ministerio Público descartó formalmente que la audiencia se desarrolle mediante videoconferencia y aclaró que los fiscales asignados al caso tampoco se trasladarán hasta el recinto militar donde aguarda el procesado. Con esta postura, la Fiscalía deja sin efecto las especulaciones sobre una eventual declaración telemática —modalidad que se había considerado inicialmente— y ratifica que todo ciudadano, independientemente del cargo que haya ocupado, debe someterse a los trámites presenciales de la justicia.
Del arresto domiciliario a la unidad militar
El escenario en el que se produce esta comparecencia responde a una serie de hechos recientes que alteraron el régimen de custodia del expresidente. Inicialmente, la Fiscalía había dispuesto que Santiago Peña cumpliera arresto domiciliario en su residencia particular. Sin embargo, el despliegue de manifestaciones de protesta frente a su vivienda obligó a las autoridades a modificar las condiciones de su permanencia.
Para garantizar la integridad del procesado y evitar mayores incidentes en la vía pública, se dispuso su traslado a la sede del Regimiento Escolta Presidencial. Desde esa unidad militar, donde aguarda la hora fijada para la diligencia, la comitiva deberá trasladarlo hasta el edificio de la UDEA. La jornada abre dos caminos procesales inmediatos: el expresidente acudirá ante los investigadores con la opción legal de prestar declaración indagatoria o, en su defecto, ejercer su derecho constitucional de abstenerse de declarar.