El Ministerio Público dio un paso decisivo en la causa que investiga el colapso de Ueno Bank al imputar por presunta lesión de confianza al expresidente de la República, Santiago Peña, y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. La medida judicial incluye el pedido de medidas restrictivas de libertad: la detención domiciliaria para Peña y el requerimiento de que Carvallo guarde reclusión en el recinto que determine la Comandancia de la Policía Nacional.
La resolución fiscal busca establecer la responsabilidad penal de las altas autoridades que tuvieron a su cargo la supervisión del sistema financiero y la toma de decisiones institucionales antes de la caída de la entidad bancaria. La orden de detención contra Peña fue librada a la Comandancia de la Policía Nacional tras consumarse su destitución del cargo.
Alertas ignoradas y conflicto de intereses en el ente regulador
El foco de la investigación sobre Carlos Carvallo apunta directamente a su gestión al frente del BCP, cargo al que llegó tras haber presidido la entonces Financiera Ueno. Esta doble condición coloca bajo la lupa el rol de la entidad reguladora durante el proceso de deterioro del banco.
Según sostienen los denunciantes en el expediente, las autoridades del organismo regulador ya tenían conocimiento documentado desde abril de 2026 sobre las severas dificultades financieras que atravesaba la institución, así como de la existencia de operaciones irregulares con empresas vinculadas. Sin embargo, a pesar de estas señales de alerta, el ente supervisor no adoptó las medidas oportunas ni los mecanismos de intervención necesarios para contener el deterioro del activo y evitar un desenlace mayor.
Las implicancias sobre la supervisión del sistema financiero
El avance de esta causa abre un interrogante central sobre la efectividad de los controles de la Superintendencia de Bancos y la independencia de los organismos de control frente a las entidades bajo su tutela. La imputación formulada por la Fiscalía plantea que la omisión en la acción oportuna no solo agravó la situación patrimonial del banco, sino que expuso el riesgo de captura del regulador por parte de los propios entes regulados.
Con el requerimiento de medidas cautelares en curso, el proceso judicial entra en una etapa clave donde la justicia deberá evaluar si las decisiones —y las omisiones— de las máximas autoridades configuraron una violación a los deberes de protección del patrimonio público y del sistema de depósitos.