En un desenlace institucional de profunda gravedad política y financiera, Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República para completar el período constitucional que se extiende hasta agosto de 2028. El cambio de mando se produjo tras la destitución del mandatario Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones, resuelta por el Congreso Nacional mediante juicio político, en medio de la severa crisis desatada por la intervención estatal del Ueno Bank.
La salida de Peña del Poder Ejecutivo se selló con una votación prácticamente unánime en ambas cámaras legislativas. Si bien el ahora expresidente intentó una salida negociada mediante la presentación de su renuncia el pasado jueves, el Legislativo rechazó su dimisión para dar curso al juzgamiento político. Esta determinación no representa un mero formalismo técnico: la decisión del Congreso buscó dejar constancia explícita de la responsabilidad política en la conducción del Estado, enviando un mensaje sobre los límites institucionales frente a los manejos del erario público.
El detonante del colapso político fue la intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), motivada por agudos problemas de solvencia. Sin embargo, el impacto trasciende el ámbito estrictamente regulatorio. Los cuestionamientos que dinamitaron la continuidad de Peña apuntaron a sus vínculos directos con el Grupo Vázquez, propietario de la entidad financiera, así como a la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos depositados en dicho banco y el rol de las autoridades encargadas de la supervisión financiera, hechos que ya forman parte de las investigaciones en el Ministerio Público.
El vacío institucional en la Vicepresidencia y el peso de la Constitución
Con la ascensión de Alliana a la jefatura de Estado, la Vicepresidencia de la República ha quedado formalmente vacante. El mapa de poder se traslada ahora nuevamente al ámbito legislativo, que deberá resolver la designación del nuevo segundo del Ejecutivo para lo que resta del período de gobierno.
Atendiendo a que la vacancia definitiva se produce dentro de los últimos dos años del mandato presidencial, la Constitución Nacional establece con claridad el procedimiento a seguir: el reemplazante no surgirá de nuevas elecciones generales, sino que deberá ser electo por el propio Poder Legislativo, convocado en sesión conjunta de ambas cámaras. Este mecanismo constitucional otorga a las bancadas parlamentarias una cuota decisiva de poder en la conformación de la nueva cúpula del Ejecutivo.
El desafío inmediato para la administración de Pedro Alliana no será menor. Más allá de la reorganización de su Gabinete y de la negociación parlamentaria para la Vicepresidencia, la prioridad operativa exigirá restablecer la certidumbre sobre el sistema financiero, esclarecer las responsabilidades en el caso Ueno Bank y delimitar la frontera entre el interés público y los negocios privados en la gestión del Estado.