La crisis política y financiera que desembocó en la salida anticipada del Poder Ejecutivo sumó este viernes su capítulo más grave en el terreno judicial. El Ministerio Público ordenó la detención del expresidente de la República, Santiago Peña, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles derivados de la intervención del banco Ueno Bank. La medida, dispuesta horas después de que el Senado aprobara su destitución en juicio político, plantea un interrogante institucional profundo: hasta qué punto la responsabilidad política por el colapso de una entidad financiera arrastra consigo las garantías del propio proceso democrático.
Las claves de la causa penal y el procedimiento policial
La orden contra el exmandatario corresponde a la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”. La Resolución N.º 7 fue rubricada por los agentes fiscales Cristian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia Margarita González Bester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad de Delitos Informáticos.
Según datos confirmados por la Comandancia de la Policía Nacional, el requerimiento fiscal ingresó a esa instancia a las 19:20. Poco antes de las 20:00, efectivos policiales se presentaron en el domicilio particular de Peña para notificarlo y hacer efectiva la restricción de su libertad. El expresidente deberá permanecer en su vivienda hasta ser convocado a prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público.
La disposición fiscal no se limitó a la cabeza del Ejecutivo saliente. La medida también alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), para quien se dispuso reclusión en una dependencia policial a ser fijada por la Comandancia. Las actuaciones reflejan la velocidad con la que el fuero penal absorbió las derivaciones del caso.
El impacto de Ueno Bank: del colapso financiero al juicio político
El trasfondo de las imputaciones radica en la intervención decretada por el BCP sobre Ueno Bank, luego de que la entidad registrara severos problemas de solvencia. El deterioro del patrimonio de la entidad derivó en denuncias por presuntas irregularidades operativas y administrativas que habrían afectado de manera directa tanto a los ahorristas del sistema como a los fondos del Estado paraguayo.
Cuando el crédito y la confianza en una entidad supervisada se quiebran, la economía real siente el golpe de inmediato en la liquidez disponible y en la seguridad jurídica del ahorrista. En este escenario, la lectura parlamentaria entendió que la respuesta del Poder Ejecutivo ante el conflicto financiero configuró un mal desempeño de funciones.
El juicio político en la Cámara de Senadores se resolvió con una contundencia poco frecuente: los 44 senadores presentes votaron por la destitución de Peña. Tras consumarse la remoción, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República. Como consecuencia directa de su destitución por la vía del juzgamiento político, Peña perdió además la posibilidad de incorporarse a la Cámara Alta como senador vitalicio, quedando privado de los fueros inherentes a dicho cargo.
Rigores de la ley para una transición bajo tensión
El juzgamiento de las actuaciones públicas debe medirse con la misma vara independientemente de quién ocupe el Palacio de de López. La investigación penal contra Santiago Peña y los altos mandos del regulador bancario exige el máximo rigor técnico y probatorio por parte de la Fiscalía. La gravedad de las imputaciones por lesión de confianza requiere precisar con exactitud las decisiones que perjudicaron el patrimonio público y privado, sin ceder a la tentación de convertir el proceso judicial en un mero trámite de liquidación política.
La ciudadanía asiste hoy al inicio de un proceso judicial que pondrá a prueba la solidez del sistema de justicia y los mecanismos de control del sistema financiero nacional. Resta determinar en las próximas audiencias si la Fiscalía aportará los elementos necesarios para sostener el arresto domiciliario o si la causa avanzará hacia etapas procesales de mayor complejidad.