La Cámara de Senadores destituyó a Santiago Peña de la Presidencia de la República por una mayoría de 44 votos, tras una jornada convulsa marcada por el escándalo financiero ligado a Ueno Bank y las sospechas en la administración de fondos estatales. Inmediatamente después del juicio político, Pedro Alliana juró como nuevo jefe de Estado y Antonio Barrios asumió el cargo de vicepresidente, en un escenario de profunda incertidumbre institucional.
El detonante de la interrupción del mandato presidencial fue el deterioro político provocado por los cuestionamientos en el manejo de millonarios recursos públicos y sus derivaciones en el sector financiero. La votación en la Cámara Alta reflejó un quiebre definitivo en los apoyos parlamentarios del ahora exmandatario, con una correlación de fuerzas que dejó sin margen de maniobra al Ejecutivo.
Detención preventiva y cambio de mando
Tras la resolución del Poder Legislativo, la Fiscalía General del Estado ordenó la detención de Santiago Peña en su residencia particular. La medida judicial se ejecutó de forma inmediata al cese de sus fueros presidenciales, en el marco de las investigaciones abiertas por las presuntas irregularidades financieras.
Con la asunción de Alliana en la conducción del Palacio de López y Barrios en la Vicepresidencia, la nueva administración toma el control de un aparato estatal bajo severa presión institucional. El eje del nuevo periodo estará centrado en contener la desconfianza del sector económico y responder a las exigencias de transparencia que motivaron la caída de su antecesor.