El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, se presentó voluntariamente este viernes en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, acompañado por su abogado, tras dictarse una orden de detención en su contra por presunta lesión de confianza en el marco del caso Ueno Bank. Por disposición fiscal, el exfuncionario será trasladado a la Agrupación Especializada, donde permanecerá recluido a disposición de la Justicia. El hecho marca un hito crítico en la supervisión financiera del país, al colocar bajo sospecha penal a quien tuvo a su cargo la máxima responsabilidad de velar por la estabilidad del sistema bancario.
La medida cautelar se concretó luego de que los fiscales Silvia González y Cristian Benítez encabezaran un allanamiento en la sede del organismo regulador para recabar documentación clave sobre la actuación de las autoridades de la banca matriz. La pesquisa busca reconstruir las decisiones omisivas o directas que permitieron operaciones de alto riesgo y la posterior crisis de la entidad bancaria hoy en proceso de resolución.
Las operaciones bajo la lupa penal
La causa penal cobró impulso a partir de una denuncia presentada por legisladores de la oposición que apunta directamente al rol de los órganos de control ante maniobras financieras sospechosas. El expediente detalla que Ueno Bank habría otorgado créditos a empresas vinculadas por un total de G. 743.784 millones, además de ejecutar la transferencia de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a una firma relacionada, una operación calificada como prohibida por los propios informes técnicos del BCP.
Más allá de la ingeniería financiera interna, el caso expone una vulnerabilidad institucional de fondo: la aparente pasividad regulatoria ante concentraciones de riesgo que terminan comprometiendo el patrimonio público. La imputación e investigación formal por presunta lesión de confianza no solo alcanza a Carvallo, sino también al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a otros integrantes del Directorio del BCP y de la Superintendencia.
La concentración de recursos públicos en el centro del debate
El trasfondo económico del caso revela una agresiva migración de depósitos estatales hacia la entidad privada. Al cierre de septiembre de 2026, Ueno albergaba recursos del Estado por un valor de G. 3,6 billones y USD 233,4 millones. Estos fondos provenían de cajas e instituciones claves como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ANDE, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Bancaria, la Cajubi y la entidad binacional Itaipú.
El caso del IPS resulta paradigmático sobre la celeridad con que se volcaron los recursos de los jubilados: los fondos de la previsional depositados en la entidad pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025. Esta inyección masiva de liquidez estatal plantea interrogantes severos sobre los criterios de prudencia financiera aplicados tanto por los administradores de los fondos públicos como por los fiscalizadores de la banca matriz.
Implicancias para la credibilidad del sistema
Carvallo estuvo al frente del BCP desde septiembre de 2023 hasta su renuncia el 3 de noviembre de 2026, oficializada en medio del colapso y proceso de resolución de Ueno Bank. Su entrega a las autoridades policiales representa la caída de la máxima figura de la regulación monetaria del país en los últimos años.
La derivación judicial del caso Ueno deja al descubierto las grietas en los mecanismos de pesos y contrapesos del sistema financiero paraguayo. Cuando la frontera entre el fiscalizador y el auditado se vuelve difusa, las consecuencias trascienden las cifras de un balance y golpean directamente la confianza ciudadana en la custodia de sus recursos.