La investigación por el colapso e intervención de ueno bank dio este lunes un paso decisivo hacia el plano internacional. El Ministerio Público paraguayo oficializó una batería de pedidos de cooperación jurídica a organismos europeos y latinoamericanos con un objetivo central: rastrear, congelar y eventualmente decomisar los activos financieros desplegados en el exterior por la red de empresas y personas procesadas en la causa. La decisión pone de manifiesto que el entramado institucional investigado trasciende las fronteras locales y se adentra en complejas estructuras de ingeniería financiera offshore.
El hecho central de esta jornada no es menor. El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó el envío de un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo. La justicia paraguaya requiere que las autoridades de ese centro financiero europeo profundicen sus pesquisas internas sobre la firma U Holding S.à r.l., identificada en la causa como la matriz controlante de la entidad bancaria a través de U Paraguay S.A. La hipótesis fiscal apunta a determinar el destino de millonarios recursos, en un caso que ya derivó en la destitución por juicio político y detención del expresidente Santiago Peña, además de la imputación de otras 27 personas, entre ellas ocho exdirectivos.
La ruta offshore y las ramificaciones del poder
El trasfondo de esta solicitud judicial expone cómo se articularon los vínculos corporativos y familiares en torno a la entidad. Según la imputación formulada por el Ministerio Público, la firma domiciliada en Luxemburgo fue creada por Miguel Vázquez, fundador de ueno bank y actualmente bajo prisión preventiva. Los documentos fiscales señalan además que Francisco Peña Palacios, hermano del exmandatario imputado, habría figurado como accionista de la referida sociedad europea. La pregunta de fondo que hoy debe responder la justicia no es solo quiénes integraban el directorio, sino si esta estructura sirvió de canalizador para desviar fondos de origen público hacia jurisdicciones de baja tributación y estricto secreto bancario.
«(El exhorto busca) que profundicen las investigaciones internas y que puedan asegurar bienes con fines posteriores de decomiso», precisó el fiscal adjunto Manuel Doldán durante la conferencia de prensa dada a conocer este 11 de noviembre.
El volumen de recursos bajo sospecha explica la magnitud de la respuesta penal. La investigación sostiene que en la entidad intervenida se depositaron al menos 800 millones de dólares provenientes de arcas estatales, en su gran mayoría correspondientes a fondos previsionales y jubilatorios. La perspectiva para los impositores y la economía general es severa: el eventual desfalco de esos recursos no representa un mero quebranto comercial privado, sino un golpe directo a la liquidez del sistema de seguridad social y al respaldo financiero del Estado paraguayo.
Notificación plateada y cooperación regional
Frente a este escenario, Paraguay activó por primera vez un mecanismo técnico inédito en su historial judicial: la notificación plateada de la Interpol. Esta herramienta específica se focaliza exclusivamente en la localización, rastreo y bloqueo de activos de origen ilícito en el extranjero, a diferencia de las alertas rojas dedicadas al arresto de personas. El despliegue multilateral busca evitar que los capitales sometidos a investigación sean liquidados o transferidos a terceras jurisdicciones antes de que se consoliden los embargos procesales.
En forma paralela, el Ministerio Público enfoca su atención en la cuenca del Plata y los organismos de la Unión Europea. La Fiscalía informó que mantiene conversaciones avanzadas con las autoridades judiciales de Argentina para evaluar la formación de comisiones mixtas de investigación. El interés en el vecino país radica en que ueno bank contrataba servicios tecnológicos y operativos de firmas que operaban en esa jurisdicción, entre las que se cita a la empresa Itti.
Asesoría técnica y redes multilaterales
El rastreo del dinero cuenta además con el concurso de entes especializados en la lucha contra la delincuencia económica global. El Ministerio Público confirmó la asistencia del Instituto de Gobernanza de Basilea, con sede en Suiza, organismo que brinda soporte técnico directo en las tareas de ingeniería forense para la recuperación de activos.
A esta colaboración se suman los requerimientos cursados a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), a la Fiscalía Europea (EPPO) —cuya sede central opera en el propio territorio luxemburgués— y a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. De igual modo, la representación paraguaya canaliza información a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
La apelación masiva a la arquitectura judicial internacional demuestra la complejidad del expediente y la gravedad de las contradicciones operativas detectadas. Resta por ver si la velocidad de las respuestas internacionales estará a la altura de la exigencia institucional que demanda la sociedad paraguaya: esclarecer con precisión científica el destino final de las reservas públicas y deslindar las responsabilidades penales de quienes administraron, controlaron y respaldaron el esquema.