El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) completó este miércoles el desembolso del anticipo de hasta 40 salarios mínimos a los ahorristas de ueno bank, una cobertura que alcanzó los G. 3,99 billones (unos USD 644 millones) y llegó a 1.812.348 personas. La operación se concretó dentro del plazo legal de cinco días establecido para la resolución de la entidad financiera, un hito técnico que busca contener el impacto sistémico, pero que abre de inmediato el debate sobre los controles preventivos en el sistema bancario.
En la última jornada del cronograma, el organismo inyectó cerca de G. 1,79 billones (alrededor de USD 288 millones) destinados a 29.988 titulares de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). Con este paso, la autoridad monetaria cumple con la primera línea de contención social y financiera, intentando frenar la desconfianza que suele contagiar al resto del mercado cuando una entidad de este volumen entra en proceso de salida.
Validación digital para certificados de depósito
A partir de este jueves, el Banco Central del Paraguay (BCP) habilitará una plataforma digital específica para que los tenedores de CDA registren y validen sus documentos. En este segmento, el pago anticipado contempla un techo de hasta G. 121.760.000 por persona, monto equivalente al límite reglamentario de 40 sueldos mínimos.
Aunque los recursos financieros ya fueron transferidos a las entidades bancarias designadas como pagadoras, la reglamentación contempla que el dinero permanecerá retenido en las cuentas hasta que se confirme la titularidad de los instrumentos. Para aquellos ahorristas que no dispongan del certificado físico al momento de la gestión, la banca matriz implementará un procedimiento de verificación mediante el cruce de datos con los registros oficiales disponibles en el sistema.
Las etapas decisivas: saldo, activos y posible quiebra
El fin de este primer tramo de desembolsos no concluye la liquidación. La hoja de ruta trazada por la autoridad reguladora prevé una segunda etapa orientada a cancelar los saldos remanentes hasta alcanzar la cobertura total que fija la ley, de hasta 75 salarios mínimos por depositante. Paralelamente, la próxima semana se prevé iniciar el balance de exclusión para estructurar el traspaso de los activos y pasivos de la entidad hacia otra institución financiera solvente.
El BCP indicó que una eventual declaración de quiebra será analizada una vez concluido el proceso de resolución de la entidad.
El cumplimiento de los plazos normativos demuestra capacidad operativa por parte del FGD para ejecutar rescates de gran magnitud. Sin embargo, el fondo de la cuestión excede el éxito de un operativo de pago: la verdadera prueba para el BCP estará en la transparencia con que ejecute la migración de activos y en las explicaciones sobre cómo la entidad deterioró su posición patrimonial. La contención del ahorrista es un alivio necesario para la economía diaria, pero la salud de la plaza financiera dependerá de las lecciones y sanciones que deje el cierre definitivo del caso.