El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que contempla la reasignación de más de G. 600.000 millones (unos 80 millones de dólares) procedentes de recursos del Tesoro. Los fondos, restados a rubros operativos del aparato estatal como pasajes, viáticos, catering, reparaciones de edificios y remuneraciones extraordinarias, serán redirigidos a cubrir carencias estructurales en salud pública, obras viales y cobertura educativa. La decisión ministerial ocurre en un momento sensible para la economía nacional, condicionado por las secuelas de la resolución de Ueno Bank y las advertencias del riesgo soberano.
De los gastos corrientes a las urgencias de la gente
Según detalló el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el ajuste responde a una bajada de línea del presidente Pedro Alliana para optimizar el gasto público y priorizar áreas de contacto directo con la ciudadanía. De la masa de recursos recortados, la tajada principal de G. 400.000 millones se destinará al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para paliar el histórico desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos en los hospitales. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibirá G. 150.000 millones para infraestructura de conectividad, mientras que el remanente fortalecerá al sector educativo para financiar el crecimiento vegetativo y garantizar la gratuidad del sistema.
“Hemos identificado una reasignación de aproximadamente un poco más de 600 mil millones de guaraníes con recursos del Tesoro. Apuntando a este fortalecimiento que pidió el presidente de la República de estos bienes y servicios que realmente llegan a la ciudadanía.”
La movida presupuestaria expone una dinámica recurrente en la administración pública: la existencia de holguras en gastos prescindibles que solo terminan revisándose cuando las urgencias sociales o el margen fiscal apremian. Eliminar horas extras y bocaditos institucionales para comprar remedios es una señal políticamente correcta, pero la verdadera prueba de gestión estará en la capacidad de ejecutar esos recursos sin la burocracia ni las filtraciones que históricamente aquejan a las contrataciones públicas.
El coletazo de Ueno Bank y la mirada de Fitch
El anuncio económico coincidió con la postura oficial del Gobierno frente al reciente dictamen de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que modificó la perspectiva crediticia de Paraguay de estable a negativa, si bien mantuvo la nota sovereign en BB. El ministro Óscar Lovera atribuyó este tirón de orejas internacional a la incertidumbre del mercado generada por el proceso de resolución de Ueno Bank.
Desde el Ministerio de Economía argumentan que los fundamentos macroeconómicos del país permanecen firmes y que la advertencia externa no obedece a un deterioro de los indicadores fiscales básicos. A criterio de las autoridades, el sistema financiero no muestra signos de contagio y las demás entidades operan con liquidez y solvencia.
“Ellos siguen reconociendo la fortaleza que tiene el país en términos de crecimiento económico, en lo que hace a las reservas internacionales que tenemos y una inflación controlada. El resto de las entidades están sólidas, están respondiendo a las situaciones que se están dando.”
El diagnóstico oficial sugiere que la perspectiva de la calificadora retornará a la estabilidad una vez que se disipen las dudas sobre la resolución bancaria. Sin embargo, el aviso de Fitch actúa como un recordatorio de que la estabilidad financiera no se sostiene únicamente con proyecciones macroeconómicas favorables, sino con una supervisión rigurosa que impida desenlaces que salpiquen la reputación del crédito local.
El horizonte de los ahorristas
En relación con el proceso de liquidación y cobertura a los clientes afectados por la crisis de Ueno Bank, el Gobierno confirmó que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ya alcanzó a más de 1.800.000 ahorristas mediante el pago de anticipos. Esta cifra abarca aproximadamente al 93% de los depositantes de la entidad en liquidación.
El Banco Central del Paraguay (BCP) trabaja actualmente en la confección del balance de exclusión. Este paso técnico resulta indispensable para proceder a la transferencia de activos y pasivos a otras entidades del sistema o, en su defecto, ejecutar la cobertura total del FGD, cuyo tope legal se sitúa en hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica.
El traspaso de partidas presupuestarias hacia salud y educación es un paso lógico y necesario en la coyuntura social. No obstante, la contención de la crisis bancaria y la efectividad con la que el BCP cierre el capítulo de Ueno Bank determinarán si este reordenamiento del gasto alcanza para mantener la tranquilidad en los mercados o si el margen de maniobra fiscal del Ejecutivo continuará bajo la lupa de los organismos internacionales.