El fuero penal especializado en Delitos Económicos dio un nuevo paso en las actuaciones vinculadas a las investigaciones por presuntas irregularidades financieras. El juez Humberto Otazú decretó la prohibición de innovar y de contratar, junto con el embargo preventivo, sobre la propiedad ubicada en la ciudad de San Bernardino que pertenece al expresidente Santiago Peña Palacios y a su esposa, Leticia Ocampos de Peña. La resolución busca precautelar bienes dentro del proceso penal que indaga la responsabilidad de los denunciados en la causa.
La medida judicial no altera, sin embargo, el esquema de custodia que pesa sobre la residencia. La administración del inmueble continúa bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), organismo que conserva la guarda por disposición del Ministerio Público. El objetivo de la entidad gubernamental es completar el inventario y la tasación de la finca para evaluar su eventual arrendamiento o custodia productiva mientras el trámite en los tribunales sigue su curso procesal.
Ajuste procesal y origen de la causa
El mandato firmado por el magistrado el 11 de noviembre de 2026 responde a un requerimiento formal remitido por el equipo de fiscales integrado por Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas. La resolución incluyó una aclaratoria técnica solicitada por la misma Fiscalía: el juzgado dejó sin efecto lo dispuesto un día antes en el A.I. 362 del 10 de noviembre de 2026, decisión previa que disponía el embargo preventivo sobre un total de ocho inmuebles.
El ajuste formal concentró la traba cautelar en la finca de la villa veraniega dentro de la Causa N° 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”. Este expediente tramita los supuestos perjuicios patrimoniales derivados de operaciones financieras vinculadas a la entidad Ueno Bank S.A., un frente de investigación de alto volumen que viene marcando la agenda de la justicia penal económica.
La magnitud de la caución patrimonial
El embargo fijado por la magistratura alcanza un techo financiero de G. 3.608.550.782.201. El monto de la traba responde a la estimación del Ministerio Público para garantizar la eventual reparación del daño patrimonial en caso de una condena, resguardando la acreencia del Estado y de los eventuales afectados por las operaciones bajo sospecha.
La determinación de cautelar el activo evidencia la rigurosidad que exige la causa al momento de asegurar el eventual resarcimiento de los fondos investigados. Resta determinar el avance de las pericias sobre el activo de San Bernardino y los tiempos que insumirá la Senabico para definir el destino operativo del bien durante el trámite del proceso.