Son más de 300 afectados que aseguran haber comprado los lotes de buena fe a través de una inmobiliaria. Piden la intervención de la jueza de Ejecución y de la Senabico.
El exdirector de Finanzas de la cartera estatal complicó la situación del exministro al validar el traslado del rodado a la empresa del presunto narcotraficante brasileño.