La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) prepara la puesta en alquiler de la residencia veraniega atribuida al expresidente Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino. La decisión se formalizó luego de que el Ministerio Público entregara el inmueble a la institución estatal a raíz de las diligencias ejecutadas en el marco del procedimiento fiscal. Más allá del impacto mediático que genera el destino inmediato de la propiedad, el caso abre un debate necesario sobre los mecanismos de custodia, el valor de los activos bajo proceso judicial y los límites del alcance institucional del Estado en causas de alto perfil.
Inventario, tasación y un espacio blindado
La titular de la Senabico, Teresa Rojas, detalló el procedimiento que sigue la entidad para poner la propiedad en el mercado de arrendamientos. Según explicó, la institución inició el inventario formal de los enseres encontrados para luego proceder a la tasación oficial que determinará la base del canon de alquiler. La expectativa de la entidad es publicar la convocatoria la próxima semana a través de sus canales oficiales, adjudicando el contrato a quien presente la propuesta económica más ventajosa para el erario público.
Respecto al estado general del inmueble, la funcionaria descartó cualquier indicio de desmantelamiento previo durante las diligencias:
“Encontramos una casa muy bien equipada, muy cómoda y con todo lo necesario para una vivienda”.
El reporte oficial consigna la presencia de electrodomésticos, mobiliario completo, equipos de sonido, piezas de arte, sofás y cortinados en los interiores, además de sillones y equipos de refrigeración en el área de patio. Uno de los puntos que concentró la atención de los peritos fue la verificación de un recinto blindado. Al respecto, Rojas aclaró que la estructura señalada inicialmente como una bóveda corresponde técnicamente a una habitación de pánico. El espacio, que requirió labores técnicas para su apertura, estaba provisto con dos sistemas de extracción de aire y se encontraba desprovisto de objetos en su interior al momento de la inspección.
Criterios de incautación y el manejo de activos de alta gama
El escenario plantea interrogantes sobre la cobertura de las medidas cautelares en la causa. Hasta la fecha, la Senabico solo recibió el activo ubicado en el departamento de Cordillera. La residencia del expresidente ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción no fue transferida a la administración de la secretaría. La normativa vigente otorga al Ministerio Público la potestad exclusiva de determinar qué bienes deben ser objeto de incautación o custodia preventiva, según el mérito de los elementos de convicción y la estrategia de la investigación penal.
A este procedimiento se suma la gestión de otros activos bajo la órbita del organismo. En el marco de un proceso paralelo vinculado a Miguel Vázquez, la Senabico custodia nueve vehículos de alta gama. Para estos bienes, la institución inició el trámite de venta anticipada con el fin de evitar el deterioro mecánico y la consecuente depreciación del capital. Este mecanismo exige la verificación técnica de chasis, la revisión de la condición jurídica, la tasación pericial y la notificación a las partes involucradas, quienes conservan el derecho de presentar peritajes alternativos.
La administración eficiente de bienes sujetos a procesos judiciales exige rigor técnico y neutralidad operativa. La monetización o conservación de activos del Estado debe responder estrictamente a criterios económicos de salvaguarda patrimonial, garantizando que el debido proceso legal no comprometa la integridad de los recursos bajo custodia pública.