La permanencia de Justo Zacarías Irún al frente de la Dirección Paraguaya de Itaipú Binacional ingresó en una zona de alta turbulencia política e institucional. Presidentes de seccionales, convencionales y referentes de base del Partido Colorado en el departamento de Alto Paraná presentaron un reclamo formal ante el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para exigir la destitución inmediata del titular de la entidad. El detonante de este pedido de remoción es la confirmación de millonarios depósitos de recursos vinculados a la binacional en Ueno Bank, una entidad financiera que atraviesa un delicado escenario de liquidez y solidez institucional.
La controversia no es menor ni responde únicamente a las habituales disputas territoriales del oficialismo en el este del país. El fondo de la cuestión roza la administración de los recursos más importantes del Estado paraguayo. De acuerdo con los datos confirmados, la administración de la hidroeléctrica colocó en la mencionada entidad bancaria una suma que alcanza los USD 163,8 millones, a los que se añaden G. 115.200 millones. La magnitud de estas cifras reaviva el debate sobre los criterios de prudencia, gestión de riesgo y transparencia que deben regir la custodia del patrimonio público.
El impacto financiero y la responsabilidad institucional
La decisión de transferir volúmenes de capital de esta escala hacia una entidad inmersa en una crisis financiera expone fallas severas en los controles internos y en la evaluación de riesgo de la binacional. En el negocio bancario y en la alta administración estatal, la concentración de depósitos de fondos públicos en instituciones vulnerables no representa un simple error de cálculo: constituye una imprudencia administrativa de consecuencias potencialmente devastadoras para las arcas del país.
¿Hasta qué punto las decisiones de inversión de las binacionales responden a criterios técnicos de resguardo patrimonial y no a dinámicas de afinidad o conveniencia política? Esta es la pregunta de fondo que hoy traspasa las fronteras del internismo partidario. Cuando los recursos estratégicos de la nación quedan expuestos a sacudidas financieras, la confianza pública en la conducción de las instituciones clave se diluye con rapidez.
Efecto dominó en el mapa político de Alto Paraná
El pedido presentado ante el vicepresidente Pedro Alliana evidencia que el descontento ya no se limita a la oposición ni a los analistas del sector financiero. La dirigencia de base de Alto Paraná comprende que el costo político de una eventual pérdida o inmovilización de los fondos de Itaipú recaerá directamente sobre la estructura gubernamental. La exigencia de destitución refleja el temor de que la crisis bancaria arrastre consigo la credibilidad de la gestión oficialista en el principal feudo económico del interior.
La respuesta que brinde el Poder Ejecutivo a esta exigencia determinará el nivel de tolerancia institucional ante decisiones de gestión que arriesgan el dinero público. Mantener la conducción actual de la binacional sin ofrecer explicaciones técnicas convincentes sobre el destino de los depósitos solo profundizará las sospechas. La prudencia financiera exige rectificaciones oportunas antes de que el impacto afecte la estabilidad del sistema y la credibilidad del Estado.