La confirmación de que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene US$ 516 millones expuestos en el colapsado Ueno Bank trasciende la categoría de un traspié financiero para convertirse en una encrucijada estructural de la seguridad social paraguaya. La cifra no solo superó ampliamente las estimaciones previas que manejaba la masa de aportantes hasta septiembre —que rondaban los US$ 349,8 millones—, sino que pone de manifiesto una serie de decisiones administrativas que hoy colocan en riesgo la liquidez y las reservas del ente previsional. Según advirtió Julio López, presidente de la Asociación de Asegurados del IPS, la recuperación integral de este capital se perfila extremadamente compleja, lo que abre una discusión ineludible sobre las responsabilidades operativas y la respuesta que debe dar el Estado.
El desglose del monto comprometido expone la magnitud del problema en la caja del instituto: de la suma total, unos US$ 355 millones corresponden de forma directa al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, mientras que los restantes US$ 160 millones pertenecen a los fondos operativos de la institución. Que los recursos destinados al pago de jubilaciones futuras y al sostenimiento diario de la salud pública previsional hayan quedado atrapados en un mismo liquidador es la consecuencia previsible de haber omitido las reiteradas alertas de analistas económicos y de los propios gremios sobre el perfil de riesgo de la entidad bancaria.
Las omisiones del directorio y el reclamo de una ley de emergencia
Desde la perspectiva de los asegurados, las decisiones ejecutivas del IPS se ejecutaron sin los filtros mínimos de prudencia que exige la administración de fondos públicos. López fue enfático al señalar la pasividad del equipo de conducción institucional frente al deterioro financiero de la entidad depositaria. De acuerdo con el titular del gremio, una porción significativa del capital se encontraba depositada bajo la modalidad a la vista, lo que habría permitido un retiro oportuno de las posiciones si se hubiesen atendido las advertencias a tiempo.
“Hay una grandísima responsabilidad de las autoridades del IPS también en esta negligencia criminal que ocurrió”, afirmó López en declaraciones a la radio Universo 970 AM y el canal GEN.
El reclamo del sector no se limita a la exigencia de sumarios directivos, sino que apunta a la necesidad de construir un salvavidas institucional. Si bien el ordenamiento jurídico paraguayo otorga a las entidades previsionales el estatus de acreedores privilegiados en procesos de liquidación bancaria, la masa de bienes disponibles en la entidad financiera difícilmente alcance para saldar la totalidad de los créditos. Ante este escenario, la Asociación de Asegurados insistió en la aprobación de una ley de emergencia que obligue al Tesoro Nacional a garantizar la devolución de los recursos y evitar que el quebranto lo absorban los aportantes a través de un eventual recorte de prestaciones o retraso en las jubilaciones.
El debate sobre el costo fiscal y el aporte del sector bancario
La discusión de fondo radica en determinar quién asumirá el costo financiero del rescate. Planteado el dilema entre sobrecargar las arcas públicas o mitigar el impacto mediante herramientas extraordinarias, la dirigencia de los asegurados propuso abrir el debate sobre la contribución del sistema financiero formal en la resolución de la crisis. La propuesta incluye evaluar la estructura impositiva del sector bancario y analizar un ajuste temporal sobre la renta de las entidades de mayor liquidez.
El trasfondo de esta propuesta reabre el interrogante sobre los mecanismos de fiscalización del sistema de pensiones. A la falta de respuestas oficiales ante los pedidos formales de información presentados por los trabajadores a la presidencia del IPS, se suma la ausencia de explicaciones técnicas sobre los criterios de diversificación de portafolios que utiliza la previsional. El desenlace de la crisis en Ueno Bank marcará un precedente crítico: determinará si los fondos de retiro siguen expuestos al arbitrio de la mala gestión financiera o si finalmente se establecen garantías estatales blindadas para preservar el ahorro de los trabajadores.