Más de 300 familias de las ciudades de Capiatá y Limpio se movilizaron frente al Palacio de Justicia de Asunción para exigir la suspensión de las subastas de viviendas y terrenos vinculados al clan de Ramón González Daher. Los afectados aseguran que adquirieron las propiedades de manera legal, que en muchos casos ya las pagaron por completo y que ahora se encuentran bajo el riesgo de perder el patrimonio de sus vidas.
La comitiva de pobladores solicita formalmente a la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, que frene los remates programados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Según los manifestantes, las compras se realizaron a través de la firma Inmobiliaria Confort y nunca se les notificó sobre la situación judicial que pesaba sobre los inmuebles.
Compradores de buena fe en la incertidumbre
Los vecinos afectados sostienen que actuaron bajo las reglas del mercado y que desconocían la conexión de los loteamientos con el esquema del exdirigente deportivo luqueño. Los terrenos forman parte de los bienes comisados en el marco de la condena a Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, ambos sentenciados por usura y lavado de dinero.
Uno de los testimonios que expone la gravedad de la situación es el de Mariela Espínola, pobladora de Limpio, quien relató que adquirió su lote en el año 2011 y canceló la totalidad de las cuotas hace tres años. Al enterarse de la prisión de González Daher y el posterior embargo de sus bienes, la mujer intentó gestionar la titulación de su propiedad ante la inmobiliaria, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Remates en ejecución
La preocupación de las familias aumenta debido a que los procesos de subasta ya están en marcha. Espínola advirtió que en el barrio Salado de Limpio existen al menos cinco viviendas en esta situación de vulnerabilidad jurídica. De ese grupo, una de las casas ya fue rematada por el Estado paraguayo, mientras que las otras cuatro siguen en la lista de espera de la Senabico.
Los manifestantes adelantaron que continuarán con las medidas de fuerza y los reclamos legales hasta que la Justicia y la Senabico consideren su condición de compradores de buena fe y excluyan sus hogares del proceso de recuperación de activos del lavado de dinero.