El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó este viernes la prisión preventiva por 15 días para el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, quien cumplirá la medida cautelar en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. La resolución se dio tras la audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia de Asunción, en el marco de la causa penal iniciada por presunta lesión de confianza vinculada a los controles del sistema financiero.
El caso, caratulado por el Ministerio Público como “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros” (Causa N.º 92), pone bajo la lupa la actuación del órgano regulador frente a las operaciones de Ueno Bank. La Fiscalía acusa al superintendente de no haber activado los mecanismos de regularización exigidos por ley a pesar de las alertas técnicas detectadas en la entidad bancaria.
Las cifras de la omisión y el límite legal vulnerado
Según la imputación fiscal, Insfrán tuvo conocimiento formal desde el 29 de abril de 2026 de que las firmas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. —empresas vinculadas a la entidad bancaria— acumulaban obligaciones por G. 743.784 millones. La cifra no es menor: representaba el 31,9 % del patrimonio efectivo del banco, sobrepasando con holgura el límite legal permitido, que es del 20 %.
El foco de la investigación periodística e institucional se centra en la inacción del órgano supervisor. Ante un exceso de tal magnitud respecto al patrimonio efectivo de una entidad intermediaria, el marco legal impone un plan de regularización inmediato. La Fiscalía sostiene que el superintendente omitió requerir dicho plan, dejando al descubierto la vulnerabilidad del sistema de control bancario.
La maniobra con la cartera de créditos
El escrito de la Fiscalía detalla además una operación clave para entender el alcance patrimonial del caso: la venta de una cartera de créditos a la firma Vinanzas S.A. por un valor de USD 74,4 millones. Mediante este movimiento, la entidad pretendió presentar una situación regularizada ante el ente regulador.
Sin embargo, los investigadores sospechan que la propia intermediaria habría financiado de forma indirecta esa transacción para sanear ficticiamente sus balances. Un informe técnico interno del Banco Central del Paraguay (BCP) ya advertía sobre estas supuestas irregularidades en la transferencia de la cartera crediticia. De acuerdo con la imputación, dicho reporte no fue remitido oportunamente al Directorio de la banca matriz para la toma de decisiones.
Imputaciones y detenciones en la cúpula del BCP
La resolución judicial que envía al superintendente a un centro de reclusión policial no es un hecho aislado, sino la derivación de un proceso que salpica a la alta gerencia de la supervisión financiera. En la misma causa figuran como imputados los exintegrantes del Directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora, quienes también fueron detenidos.
En el caso de González, su entrega se produjo de manera voluntaria ante las autoridades de la Policía Nacional luego de no ser ubicado durante el allanamiento de su residencia particular. Además de la medida privativa de libertad dictada para Insfrán, la Fiscalía solicitó la inhibición general de vender y gravar bienes, junto con el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias del imputado.
El proceso penal recién empieza a desglosar las responsabilidades directas en la cadena de mandos del control bancario. La pregunta de fondo que queda flotando en el sistema financiero tras la reclusión del máximo fiscalizador es si la Superintendencia actuó por negligencia técnica o bajo presiones de conveniencia institucional ante un grupo económico en expansión.