La investigación del Ministerio Público sobre la debacle de ueno bank apunta de lleno al rol del regulador: según la resolución fiscal, las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) tenían pleno conocimiento de la delicada situación financiera de la entidad desde diciembre de 2025. Pese a las reiteradas advertencias sobre fallas de solvencia e irregularidades operativas, la banca matriz no habría adoptado las medidas oportunas para frenar un deterioro que terminó con la resolución del banco el 3 de noviembre de 2026, dejando un tendal de pérdidas en el sector público y en ahorristas particulares.
Las alertas ignoradas y el origen del déficit
El expediente fiscal detalla que las primeras alarmas formales llegaron al Directorio del BCP con reportes de incumplimientos severos al plan de factibilidad que la propia entidad financiera había aprobado en 2024. A esto se sumaron modificaciones no autorizadas en estructuras de fideicomisos y una vertiginosa exposición con empresas vinculadas —entre ellas Redipro y Redisa— por un monto aproximado de USD 140 millones.
Para la Fiscalía, el problema no radicó únicamente en la falta de detección inicial, sino en la inacción posterior. Durante el transcurso de 2026, nuevos informes técnicos internos ratificaron la existencia de un importante déficit patrimonial, así como la urgencia de exigir a la entidad un plan de capitalización inmediato. No obstante, las respuestas del organismo regulador fueron calificadas por los investigadores como tardías e insuficientes, permitiendo que la entidad continuara captando depósitos del público bajo un escenario de severa insolvencia.
El impacto de la supervisión tardía y las responsabilidades
La omisión o demora en el ejercicio de la tutela bancaria no es un asunto abstracto; tiene consecuencias directas sobre el sistema de pagos, la credibilidad de las instituciones y, en última instancia, sobre el bolsillo del ciudadano. Cuando un ente regulador dilata las decisiones correctivas, el costo del rescate o de la liquidación se multiplica, afectando tanto a los fondos públicos depositados como a los pequeños y medianos ahorristas que confiaron en el timbre de supervisión estatal.
En el marco del proceso penal, la Fiscalía ordenó medidas de detención contra exintegrantes del Directorio del BCP para determinar sus responsabilidades en el presunto incumplimiento de los deberes legales de control. El caso reabre un debate de fondo sobre la verdadera independencia técnica del regulador y las garantías con las que cuenta el sistema financiero nacional frente a dinámicas de riesgo moral e imprudencia operativa.