Son más de 300 afectados que aseguran haber comprado los lotes de buena fe a través de una inmobiliaria. Piden la intervención de la jueza de Ejecución y de la Senabico.
El Ministerio Público estima un perjuicio que supera los 814.000 dólares y apunta a un esquema de captación de fondos para proyectos inmobiliarios inconclusos en Central y Asunción.