El Ministerio Público imputó a Miguel Ángel Fernández, presidente de la firma CorAr International SAECA, y a Lorena Noelia Romero Guerin, gerente general, por la presunta comisión del hecho punible de estafa. La investigación fiscal apunta a un esquema de captación de recursos para proyectos inmobiliarios en construcción y productos de inversión que no habrían sido entregados, acumulando un perjuicio patrimonial estimado en US$ 814.541 y G. 379.600.000.
La imputación, presentada el 23 de septiembre de 2026, se encuentra a cargo de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y la Unidad Especializada en Delitos Económicos. Según los investigadores, existen elementos de convicción suficientes para sospechar la existencia de estafa bajo los términos del artículo 187 del Código Penal, con una expectativa de pena de hasta ocho años de cárcel debido a la pluralidad de víctimas.
Departamentos en pozo y el sistema “Banco de Tierras”
El documento del Ministerio Público describe operaciones realizadas entre los años 2020 y 2025. El foco principal está puesto en la venta de departamentos a construirse en los emprendimientos Fernando Tower I, II, III, IV, V y VI, Yrupé y Elysium, además de un producto de inversión denominado “GEA – Banco de Tierras”.
A través del producto GEA, CorAr captaba capitales con la promesa de devolver los fondos en un plazo de 12 meses, sumado al pago de rendimientos anuales de entre el 5% y el 13%, sin que esto implicara necesariamente la adquisición de una unidad física. La Fiscalía sostiene que la empresa continuó captando recursos de inversores cuando ya no contaba con la capacidad financiera para cumplir con los compromisos asumidos.
La hipótesis del esquema delictivo incluye operaciones fuera de Paraguay. De acuerdo con el expediente, la firma captaba inversores en Buenos Aires —incluso mediante eventos en el Hotel Hilton— y en una oficina en Formosa, Argentina. Se detectaron cobros en efectivo a domicilio sin la emisión inmediata de comprobantes oficiales, por lo que los investigadores sospechan que los montos percibidos real y efectivamente superan a los documentados en el país.
Allanamiento y pedido de medidas sobre inmuebles
Durante un allanamiento ejecutado el 7 de agosto de 2026, la comitiva fiscal incautó 18 legajos de clientes con recibos originales por US$ 494.060 y G. 7,2 millones, además de soportes digitales. Para asegurar un eventual resarcimiento, el Ministerio Público solicitó la prohibición de innovar y contratar sobre 34 inmuebles registrados a nombre de CorAr, ubicados en Fernando de la Mora, Asunción, Capiatá, Villa Elisa y Limpio.
Los fiscales del caso solicitaron un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo y requirieron medidas cautelares de carácter personal para los dos directivos imputados.
Convocatoria de acreedores y antecedentes bursátiles
La situación penal de la desarrolladora coincide con un complejo escenario financiero. En agosto de 2026, la justicia admitió la convocatoria de acreedores de CorAr bajo la Ley N.° 154/1969, proceso por el cual la firma sigue operando bajo la vigilancia de un síndico para ordenar sus deudas.
Previamente, la empresa había recurrido al mercado de valores local con programas de emisión de bonos de hasta US$ 3 millones. Sin embargo, en noviembre de 2024, la calificadora Feller Rate le asignó una nota de solvencia de “Epy” debido a la falta de información financiera representativa, en coincidencia con una suspensión automática para operar en el mercado primario de valores por incumplimientos regulatorios.