La detención de la exintegrante del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Liana Caballero, tras el allanamiento a su vivienda en el barrio Pinozá de Asunción, expone la dimensión institucional y las ramificaciones del caso que involucra a Ueno Bank. Durante el procedimiento realizado este viernes, los agentes fiscales incautaron tres certificados de depósito de ahorro (CDA) de la mencionada entidad financiera por montos importantes, además de documentación oficial del regulador monetario y equipos digitales.
El hallazgo de estos instrumentos financieros en poder de quien hasta hace poco ocupaba un sillón en el órgano rector del sistema bancario ubica el debate en un terreno sensible: el conflicto de intereses y el cumplimiento estricto de la tutela administrativa. Los documentos incautados, según precisó la investigación penal, tenían como finalidad ser efectivizados una vez cumplido su plazo de vencimiento.
El alcance de las omisiones en el deber de supervisión
La hipótesis del Ministerio Público apunta directamente a la inacción deliberada de la exalta funcionaria ante las alertas tempranas del sistema. La fiscal Ruth Benítez, quien encabezó el operativo en conjunto con la fiscal Elena Fiore, detalló el motivo central que impulsó la detención y la posterior formalización de la imputación.
“Ella omitió su deber legal del control debido, pese a que la misma ya tenía el conocimiento en que se encontraba Ueno Bank. Sin embargo, no alertó y faltó a su deber en la función que desempeñaba”
El argumento de la Fiscalía no se limita a la posesión de los títulos de crédito, sino a la eventual responsabilidad penal derivada de no haber activado los mecanismos de contención e inspección previstos por la ley orgánica de la banca matriz. Para el lector de a pie y el ahorrista, el caso vuelve a plantear una interrogante de fondo sobre las garantías de neutralidad y el rigor con el que las autoridades del BCP monitorean la salud del mercado financiero.
Insumos digitales y el trámite de la imputación
El operativo en la residencia de Caballero se concretó en presencia de sus familiares y concluyó con el traslado de la exdirectiva a la sede del Ministerio Público para la declaración indagatoria correspondiente. Además de los papeles vinculados al BCP y a la firma bancaria investigada, los peritos incautaron dispositivos electrónicos que serán sometidos a extracción de datos para reconstruir la cadena de comunicaciones y decisiones.
El avance del caso abre un escenario de escrutinio para la gobernanza del BCP. Cuando la frontera entre el rol regulador y la relación con los regulados se vuelve difusa, la confianza en la estabilidad del sistema crediticio requiere respuestas institucionales rápidas, peritajes técnicos precisos y una delimitación tajante de responsabilidades penales.