La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, incorporando una tijera de 276 millones de dólares en rubros considerados superfluos dentro del Poder Ejecutivo. La propuesta, que ahora pasa a consideración de la Cámara de Senadores, refleja el reordenamiento político inmediato tras la destitución e interrupción del mandato de Santiago Peña y la asunción del hasta hace poco vicepresidente Pedro Alliana al frente del Gobierno.
El plan presupuestario con el que la Cámara Baja dio su visto bueno se alinea con el planteamiento del nuevo jefe de Estado, quien asumió el cargo la semana pasada luego de que el Congreso cerrara el ciclo de Peña mediante un juicio político. El giro en la conducción nacional obligó a una reconfiguración acelerada del proyecto fiscal que se venía discutiendo desde setiembre, trasladando el foco de atención hacia la viabilidad real de los recortes anunciados y el destino efectivo de los recursos.
¿Ajuste de privilegios o simple redistribución de la caja pública?
De acuerdo con las precisiones brindadas por la titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, la diputada Cristina Villalba, las reducciones aprobadas afectan de manera directa a rubros históricamente cuestionados por la ciudadanía: viáticos, pasajes aéreos, combustible, asesorías externas y servicios de catering destinados a la alta burocracia del Ejecutivo. En el discurso oficial, el ahorro generado por la supresión de estos gastos superfluos se reorientará hacia carteras prioritarias como Educación y Ciencias, Salud Pública y Bienestar Social, y Obras Públicas y Comunicaciones.
Sin embargo, el trámite legislativo deja al descubierto la brecha habitual entre las proyecciones iniciales y el resultado parlamentario. Mientras la estimación preliminar apuntaba a un recorte global de 374 millones de dólares, el dictamen final aprobado en Diputados ajustó la cifra a 276 millones de dólares. El Poder Ejecutivo, mediante una adenda presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), buscaba asegurar al menos 100 millones de dólares para contener las urgencias más severas de la infraestructura y el sistema sanitario.
La propuesta de la cartera estimaba que de este monto, unos 64 millones de dólares se asignasen a la compra de medicamentos e insumos para los hospitales, poco más de 24 millones de dólares a obras de infraestructura prioritarias y otro 8 millones de dólares para la educación, según detalló el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.
Las cifras de fondo y la pesada herencia de la crisis política
Para entender el alcance real de este presupuesto hay que remitirse al escenario en que nació. La discusión arrancó a inicios de setiembre, bajo el mandato de Peña y en medio de una fuerte presión social signada por el paro y las protestas de los médicos del sector público que exigían reajustes salariales. El texto original estimaba un gasto total de 166,3 billones de guaraníes (alrededor de 26.700 millones de dólares), apoyado en supuestos macroeconómicos de un crecimiento del 4,2 %, una inflación del 3,5 % y una cotización de 6.458 guaraníes por dólar.
Ese tablero saltó por los aires con la caída del expresidente, destituido y arrestado tras la causa judicial abierta por la intervención de Ueno Bank, entidad que administraba millonarios fondos del Estado. El impacto de ese remezón político no solo cambió la titularidad del Ejecutivo, sino que obligó al Congreso a apurar un barniz de austeridad sobre el presupuesto saliente para aplacar el malestar social.
El recorte aprobado en Diputados alivia la presión mediática sobre los gastos superfluos, pero plantea dudas sobre su ejecución efectiva. Reasignar 64 millones de dólares a la compra de insumos hospitalarios es una urgencia indiscutible, aunque la cifra apenas remienda las deficiencias estructurales de la salud pública. La prueba de fuego para el gobierno de Pedro Alliana estará en la Cámara de Senadores, donde se sabrá si esta redistribución de partidas responde a una reforma seria de las finanzas del Estado o a un mero retoque cosmético para encarar la transición institucional.