El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, admitió que las rentas generadas por las inversiones de la previsional alcanzará para cubrir los haberes jubilatorios solo hasta el año 2032 en el escenario actual. Una vez agotado ese recurso, la institución deberá recurrir directamente a las reservas de su fondo de jubilaciones y pensiones.
Un déficit que se aceleró antes de lo previsto
El panorama financiero de la previsional muestra un deterioro más rápido de lo proyectado. Hasta el año 2020, los ingresos por recaudaciones alcanzaban para cumplir con el pago mensual a jubilados y pensionados. Sin embargo, al volverse insuficientes esos recursos, el IPS comenzó a utilizar la renta producida por sus inversiones para cubrir la diferencia.
Las estimaciones iniciales calculaban que estas rentas permitirían sostener los pagos hasta el 2035, y que las reservas del fondo jubilatorio se mantendrían hasta 2046. No obstante, el ritmo de gasto de las rentas se disparó: mientras los planes contemplaban haber utilizado un 36% del dinero disponible a la fecha, la cifra ejecutada ya se aproxima al 70%.
Fondo congelado en Ueno Bank y auditoría en curso
En declaraciones a la emisora 730 AM, León abordó también la situación de las partidas depositadas en Ueno Bank. Entre el fondo de inversión y el fondo operativo, el IPS mantiene congelados unos 517 millones de dólares en la entidad intervenida.
El titular de la previsional calificó de tranquilizador el informe del Banco Central del Paraguay (BCP), presentado por su presidente Jorge Schreiner, que confirmó la existencia de activos sanos por valor de 600 millones de dólares en la banca colapsada. La legislación vigente establece que las entidades previsionales tienen prioridad en la devolución de depósitos durante estos procesos.
“Tenemos esperanza de que gran parte de los activos sanos van a terminar con nosotros”, afirmó León.
De forma paralela, el titular del instituto informó que sigue en marcha una auditoría interna con el acompañamiento de la Contraloría General de la República. La investigación busca determinar responsabilidades administrativas sobre las decisiones institucionales que derivaron en la colocación de los fondos en la entidad financiera hoy intervenida.