Asunción investiga el despojo de 26 terrenos municipales a favor de un grupo empresarial

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La administración de la Municipalidad de Asunción destapó las actuaciones de un presunto esquema organizado para despojar a la capital de sus inmuebles y traspasarlos a manos privadas. Una investigación interna arrojó que 26 propiedades municipales se encuentran en la mira por procesos de adjudicación y transferencia plenos de irregularidades. Las sospechas apuntan a que un engranaje de funcionarios, notarios y particulares coordinó maniobras administrativas para despojar a antiguos ocupantes y beneficiar, en última instancia, a firmas vinculadas al Grupo Vázquez. Más allá de la anécdota administrativa, el caso expone cómo la falta de controles en la gestión del suelo público termina erosionando el patrimonio comunal en favor de intereses corporativos.

El mecanismo del despojo: deudas express y desatención legal

El esquema descrito por las autoridades municipales no destaca por su sofisticación, sino por la aparente impunidad con la que operó dentro de la estructura institucional. Según detalló el asesor de la Intendencia, Stephan Rasmussen, el procedimiento se iniciaba con la emisión de notificaciones a los ocupantes de los terrenos bajo el argumento de supuestas deudas por arrendamiento. En varios casos, las intimaciones exigían la desocupación de los inmuebles en un plazo perentorio de 24 horas, dejando a los afectados sin margen de defensa ni debido proceso.

Una vez consumada la salida de los ocupantes, la maquinaria burocrática agilizaba el ingreso de nuevos solicitantes. Los expedientes recorrían el circuito formal: dictámenes de Catastro, dictámenes de Asuntos Jurídicos, resoluciones de la Intendencia y la ratificación final de la Junta Municipal. Sin embargo, en el camino se omitieron las comprobaciones más básicas, como la verificación de la identidad real de los solicitantes o la constatación de la ocupación efectiva en el terreno.

“Se constituyó un esquema montado para adjudicarse los terrenos de la Municipalidad de manera irregular, con muchos cómplices”, sostuvo la intendenta Soledad Núñez.

El punto neurálgico de la maniobra radicó en la elaboración de las escrituras. De acuerdo con las verificaciones, en los documentos oficiales se habría omitido intencionalmente la restricción legal que prohíbe la venta o transferencia de los terrenos municipales durante los cinco años posteriores a su adjudicación. Al blanquear el título sin esa cláusula de inalienabilidad temporal, se facilitó la reventa inmediata de las fincas a terceros, un paso intermedio antes de que terminaran bajo el dominio del Grupo Vázquez.

Roles coincidentes y derivación al Ministerio Público

El patrón común en el expediente no solo abarca a los organismos municipales que aprobaron las carpetas, sino también al ámbito notarial. La secretaria general del municipio, Estefanía Careaga, confirmó que en la mayoría de los trámites auditados intervino una misma profesional: la escribana María Teresa Aponte. Sobre su actuación, la Comuna formalizó pedidos de informes para determinar el alcance de sus dictámenes e intervenciones en las escrituras públicas escrituradas.

Hasta la fecha, la auditoría interna —iniciada el pasado 4 de noviembre— identificó tres propiedades en las cuales la transferencia irregular ya fue completamente documentada, mientras que el resto de las 26 carpetas continúa bajo revisión técnica. Los antecedentes no quedarán en el ámbito administrativo: la Intendencia anunció que remitirá la totalidad de los legajos al Ministerio Público para que la justicia ordinaria determine la existencia de delitos de orden penal y abra las investigaciones correspondientes sobre los civiles y funcionarios involucrados.

En el frente interno, la administración comunal confirmó el inicio de sumarios administrativos contra el personal municipal de las áreas de Catastro, Secretaría General y Asuntos Jurídicos que estamparon sus firmas en las resoluciones. La pregunta que queda flotando es hasta dónde llegaban los hilos de esta red y si la Junta Municipal actuó por mera negligencia burocrática o por complicidad explícita en el reparto del capital inmobiliario de la ciudad.

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