La resolución de ueno bank encendió una mecha que el Gobierno intenta apagar antes de que el fuego alcance al entramado de las micro, pequeñas y mejanas empresas. Para contener la asfixia de liquidez de un sector que opera con márgenes mínimos, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) anunció la habilitación de una línea de financiamiento de capital operativo. El objetivo institucional busca evitar la ruptura de las cadenas de pago a proveedores y la eventual destrucción de empleos en la antesala de las fiestas de fin de año, el período de mayor dinamismo comercial. Sin embargo, detrás de las medidas paliativas surge el interrogante de fondo: ¿será suficiente el auxilio financiero para sostener a las empresas operativas sin que el costo de la crisis recaiga de forma indirecta sobre los contribuyentes?
La presidenta de la AFD, Stella Guillén, confirmó que los fondos se canalizarán mediante más de 50 instituciones financieras interconectadas con el sector de las mipymes. El esquema apela al trabajo conjunto con el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), buscando asegurar que la asistencia técnica y financiera irrumpa con celeridad en la operativa de las cooperativas, históricas prestadoras del segmento minorista.
El desafío crediticio ante el vacío de información
La intención oficial colisiona, no obstante, con la vaguedad de los instrumentos presentados hasta ahora. El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, remarcó la urgencia de dotar de capital de trabajo al sector durante los próximos dos meses. Sin embargo, la efectividad real del salvavidas estatal se encuentra condicionada a variables centrales que no fueron detalladas durante el anuncio: la cifra global de la línea de crédito, las tasas de interés y los plazos de gracia o devolución.
En el mercado financiero, el valor real de una línea de crédito se mide por la velocidad con la que las entidades intermediarias asumen el riesgo de trasladar los recursos al cliente golpeado. Sin parámetros claros sobre las condiciones de acceso, la medida corre el riesgo de quedarse en una expresión de buenos deseos institucionales justo en el momento en que las firmas necesitan certezas operativas.
Flexibilización de deudas y conservación de la calificación
En paralelo al financiamiento de la AFD, la estrategia gubernamental incluye medidas de alivio diseñadas por el BCP para la flexibilización de compromisos financieros. El plan habilita la renovación, reestructuración y refinanciación de deudas a aquellas empresas que vieron bloqueados sus fondos depositados en la entidad bancaria intervenida.
Sobre este punto, el ministro Marco Riquelme explicó el mecanismo técnico aplicable a las firmas afectadas:
«Una empresa que mantenía recursos en la entidad intervenida y, al mismo tiempo, tenía un préstamo próximo a vencer en otro banco podrá solicitar la reestructuración de esa deuda. El mecanismo permitirá mantener la misma categoría crediticia mientras se aguarda la resolución de los mecanismos implementados en el marco del proceso de ueno».
Para acceder al blindaje crediticio y evitar un deterioro automático en la calificación ante el sistema financiero, la empresa deberá presentar ante su banco acreedor la resolución correspondiente que acredite su condición de afectada por la medida sobre ueno bank.
Administración estatal para sociedades del Grupo Vázquez
El segundo frente de la estrategia oficial trasciende la regulación financiera tradicional y se adentra en el terreno legislativo. El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un régimen de administración temporal aplicable a determinadas sociedades vinculadas al Grupo Vázquez. El ministro Riquelme instó al Legislativo a otorgar un tratamiento expedito a la propuesta.
El esquema diseñado prevé la creación de un consejo colegiado integrado por diversas carteras del Poder Ejecutivo y la designación de un administrador temporal. Este profesional asumirá la gestión directa de las firmas involucradas. Según la versión del Ministerio de Industria y Comercio, la remuneración de esta figura interventora no demandará fondos del erario público, sino que se cubrirá mediante los flujos operativos de las propias empresas.
Desde la postura del Gobierno, el plan apunta a resguardar las firmas del grupo empresarial que mantienen operaciones viables y rentables, al tiempo que busca actuar como interlocutor institucional frente a trabajadores y proveedores. El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, acotó la delimitación legal del proyecto estatal:
«El esquema alcanzaría únicamente a las empresas que no están comprendidas en la legislación sobre resolución de entidades financieras ni en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público».
El escenario deja expuesta una dualidad administrativa: mientras las medidas del BCP y la AFD intentan resolver un problema coyuntural de liquidez en las mipymes, el proyecto para el Grupo Vázquez crea una figura de tutela estatal extraordinaria. Resta por ver si el Congreso otorgará el aval a una herramienta que coloca al Estado a gestionar empresas privadas para amortiguar el impacto social de una crisis financiera.
