Una denuncia sobre el supuesto cobro de coimas y manipulación de peritajes involucra al equipo de profesionales de la Dirección de Salud Mental del Ministerio Público en Alto Paraná. La acusación apunta a que se habría solicitado dinero a cambio de modificar el resultado de una evaluación realizada a una niña de 9 años, presunta víctima de abuso sexual, con la intención de favorecer al procesado.
El caso salpica directamente a la funcionaria Mirta Lagrave, integrante de la mencionada dependencia técnica. Según la denuncia, el pedido de dinero buscaba alterar las conclusiones de la pericia realizada a la menor en el marco de un proceso de investigación penal que involucra a un primo de 13 años como supuesto agresor.
Largas esperas bajo la lupa
Además de la denuncia puntual contra Lagrave, fuentes fiscales y asistentes de las unidades especializadas en Niñez y Adolescencia y Violencia Familiar señalaron que la entrega de dictámenes registra retrasos de hasta cuatro meses. Las denuncias recibidas indican que la prolongada espera por estos documentos, fundamentales para el avance de los procesos judiciales, estaría siendo utilizada para presionar a los familiares de las víctimas y exigir pagos informales a cambio de acelerar los trámites o modificar contenidos.
El equipo evaluador de la zona está integrado por las profesionales Shirley Torres, Mercedes Alarcón, Débora Martínez, Norma Bass, María Isabel Riveros y Mirta Lagrave. Este grupo debe dar respuesta a los requerimientos de dos unidades especializadas en Niñez, tres de Violencia Familiar y 11 unidades penales de Ciudad del Este, además de las sedes del interior del departamento.
Sobrecarga y falta de controles
Las seis profesionales de la Dirección de Salud Mental deben cubrir las demandas de 30 unidades fiscales en todo Alto Paraná, que incluyen las sedes de Hernandarias, Presidente Franco, Santa Rita, Yguazú, Minga Porã e Iruña. De acuerdo con los datos del área, cada psicóloga maneja entre 25 y 30 casos mensuales, sin sumar las intervenciones en Cámara Gesell ni las sesiones consecutivas requeridas para cada entrevista evaluativa.
Aunque la sobrecarga de expedientes es el argumento institucional utilizado para justificar los retrasos, la denuncia sobre presuntos cobros irregulares pone en cuestionamiento la independencia técnica de los informes producidos en el ámbito del Ministerio Público regional.
