El Ministerio de Salud Pública planteó abrir una discusión profunda sobre la responsabilidad individual y el uso de los recursos del Estado. El ministro Isaías Fretes impulsa un proyecto de ley para que los motociclistas que sufran accidentes de tránsito sin llevar casco puesto deban asumir los costos de su internación y tratamiento en la red de salud pública.
La iniciativa busca poner freno a un drenaje presupuestario persistente en la sanidad estatal, donde la imprudencia vial insume a diario montos millonarios que terminan cubriéndose con el tesoro público. La propuesta plantea la pérdida del beneficio de la gratuidad cuando se compruebe la infracción flagrante a las normas básicas de tránsito.
Un impacto financiero directo en las arcas públicas
El argumento central del Ministerio radica en la desproporción entre la falta cometida y el costo que la sociedad debe absorber para solventarla. Según los datos oficiales de la cartera sanitaria, la atención de un paciente con lesiones múltiples o traumatismos severos en el Hospital del Trauma puede generar un gasto de hasta G. 300 millones durante su estancia hospitalaria.
Este monto contempla intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, días de internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), insumos médicos, medicamentos y posteriores procesos de rehabilitación. Al no utilizar casco, las probabilidades de sufrir traumatismos craneoencefálicos aumentan de forma drástica, elevando al mismo tiempo la complejidad técnica y el costo financiero de la atención.
Dilemas de cobertura y viabilidad legislativa
El planteamiento abre un debate complejo sobre los límites del derecho a la salud pública y el deber de cuidado individual. Si bien la Constitución garantiza la asistencia médica, el proyecto busca sancionar la negligencia grave que atenta contra la sostenibilidad del sistema sanitario.
Entre los aspectos que deberá definir el Congreso de la Nación se encuentran los mecanismos de cobro, la determinación de la insolvencia del paciente y el protocolo de constatación de la infracción al momento del percance vial. Por de pronto, la cartera de Salud busca que la eventual legislación funcione como un elemento disuasivo que obligue a los conductores a adoptar medidas de protección mínimas antes de circular por la vía pública.
