Buscan derogar la ley de medidas extraordinarias para quitarle facultades al Ministerio de Economía

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La iniciativa presentada por los senadores oficialistas Colym Soroka y Juan Carlos Galaverna para derogar la Ley de Medidas Extraordinarias de Gestión Financiera no es simplemente un trámite parlamentario más: marca una grieta de fondo en la gestión del crédito público y la fiscalización del gasto del Estado. La normativa, aprobada en 2023, otorgó facultades excepcionales al Ministerio de Economía y Finanzas para contraer deuda por hasta 600 millones de dólares sin pasar por el filtro previo de la Cámara Alta cada vez que se requerían adecuaciones.

El argumento original del Poder Ejecutivo vendía agilidad: un mecanismo directo para saldar las pesadas deudas heredadas con empresas constructoras y proveedoras farmacéuticas. Sin embargo, la práctica política y el manejo de la caja terminaron erosionando esa promesa de eficiencia fiscal. Hoy, desde la propia bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), admiten que la herramienta concentró discrecionalidad y restó transparencia al circuito presupuestario.

El debate por el control de la caja pública

El núcleo de la propuesta legislativa busca restaurar el esquema tradicional fijado por la Ley de Administración Financiera. Bajo este sistema, cualquier modificación presupuestaria o readecuación de partidas debe someterse a la discusión y aprobación del Senado. Los proyectistas argumentan que la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo cercenó la facultad constitucional del Congreso para supervisar el destino final de los recursos de la ciudadanía.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la emisora 780 AM, la iniciativa será presentada al conjunto de la bancada colorada —tanto en sus sectores oficialistas como disidentes— con la expectativa de sumar apoyos en la oposición, un sector que ya venía cuestionando el cheque en blanco otorgado a la cartera económica.

“Ya no queremos un ministro con superpoderes”, señalaron los legisladores.

Implicancias financieras y pulso político

La postura de los senadores apunta de manera directa a la gestión del titular de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a quien recriminan haber defraudado la confianza otorgada cuando se aprobaron los mecanismos de excepción. La pérdida de paciencia política dentro del propio partido de Gobierno refleja que las urgencias de saldar compromisos con sectores clave de la economía privada no disiparon las dudas sobre el criterio de asignación de los fondos.

Para el ciudadano común, la discusión no es abstracta: determina cómo se administra la deuda del país y bajo qué garantías de control se comprometen las finanzas públicas a futuro. El desenlace del proyecto medirá si el Congreso retoma la iniciativa sobre el Presupuesto General de la Nación o si prevalece la estructura de decisión centralizada instalada hace un año.

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