La Fiscalía solicitó una pena de 12 años de privación de libertad para el exsenador colorado Hernán David Rivas, en el marco del juicio oral y público que enfrenta por la presunta producción y uso de un título de abogado falso. Los agentes fiscales intervinientes afirmaron que quedó demostrado que el político cartista nunca cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana.
Durante la presentación de los alegatos finales, los representantes del Ministerio Público señalaron que los documentos presentados por la defensa de Rivas carecen de consistencia y que los testimonios recabados a lo largo del proceso judicial evidencian que el exlegislador no asistió a las aulas de la mencionada casa de estudios. La acusación fiscal sostiene que el título de grado obtenido por Rivas fue un montaje para acceder a cargos de alta relevancia pública.
Las inconsistencias detectadas en el juicio
El Ministerio Público argumentó que la hipótesis de la falsedad documental se sostiene sobre diversas irregularidades administrativas y contradicciones insalvables en los registros académicos de la Universidad Sudamericana. Según los fiscales, no existen actas de examen, registros de asistencia ni constancias reales que avalen el trayecto universitario del exparlamentario durante los años en que supuestamente cursó la carrera.
La situación de Hernán Rivas generó en su momento una fuerte crisis institucional, ya que con dicho título de abogado el político llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano constitucional encargado de juzgar y destituir a fiscales y jueces en el Paraguay. La Fiscalía enfatizó la gravedad de este hecho, señalando que el acusado utilizó un documento apócrifo para ocupar un espacio de poder clave en el sistema de justicia.
El pedido de la pena máxima
La solicitud de 12 años de prisión formulada por los fiscales se basa en la gravedad de los hechos punibles atribuidos y el impacto que tuvo la conducta del exsenador en la credibilidad de las instituciones del Estado. La decisión final queda ahora en manos del Tribunal de Sentencia, que deberá deliberar sobre la culpabilidad o inocencia del procesado tras escuchar los alegatos de la defensa.