¿De qué sirve el derecho al voto consagrado en los papeles si el propio Estado es incapaz de ubicar geográficamente a sus ciudadanos? El debate vuelve a encenderse luego de que la Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pusiera la lupa sobre una cifra alarmante: un total de 187.572 jóvenes de entre 18 y 30 años quedaron en la categoría de “inubicables” y, por ende, fuera del padrón electoral efectivo para los locales de votación de los últimos comicios. No se trata de una falta de interés cívico de este sector, sino de una desconexión estructural y tecnológica entre las propias instituciones del Estado.
El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, admitió públicamente la gravedad de esta situación y ensayó una explicación que expone el arcaico sistema de registro que todavía arrastramos. Según el magistrado, la institución no puede asignar un local de votación a estos jóvenes debido a la falta de datos precisos sobre sus domicilios. La falla de origen no está en la Justicia Electoral, sino en el insumo básico que recibe del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. La ley vigente obliga al TSJE a basarse estrictamente en estos datos, limitando su margen de maniobra para corregir los errores de forma autónoma.
La imprecisión como barrera democrática
El problema radica en la precariedad de la información recolectada al momento de expedir las cédulas de identidad. Rossel ejemplificó que existen numerosos casos en los que una persona figura en el registro oficial con una referencia genérica como “Trinidad”, sin especificar calle, número de casa, ciudad o distrito. En términos prácticos, para el sistema electoral esa persona es invisible a la hora de asignarle una mesa de votación cercana a su residencia real.
Nosotros nos basamos exclusivamente, como dice la ley y la norma, en lo que nos pasa hoy el Departamento de Identificaciones.
Esta deficiencia técnica, que la OEA recomendó subsanar mediante la estandarización de los registros domiciliarios de la Policía Nacional, tiene un impacto directo en la participación de la franja juvenil, históricamente la más afectada por la falta de incentivos para el sufragio y ahora, además, postergada por la ineficacia burocrática.
Integración tecnológica sin costo adicional
Ante este escenario, la pregunta de fondo es por qué se tardó tanto en diagnosticar y buscar una salida a un problema que afecta la representatividad de nuestro sistema democrático. Rossel aseguró que el TSJE ya había advertido sobre este inconveniente con anterioridad y que la solución no requiere de licitaciones millonarias ni contrataciones especiales que hinchen el presupuesto público. La salida es puramente de gestión y voluntad política: una conexión más rápida y eficiente entre las bases de datos estatales.
Actualmente existen gestiones en curso con el Ministerio del Interior para avanzar en la integración tecnológica de los sistemas. El vicepresidente del TSJE adelantó que espera contar con una solución técnica definitiva en un plazo máximo de un mes, apuntando a que este contingente de jóvenes pueda estar correctamente geolocalizado para las próximas elecciones generales.
El debate pendiente sobre las encuestas y la boca de urna
El informe de la OEA no se limitó a la geolocalización de los votantes; también reflotó una vieja disputa de la política paraguaya: la difusión descontrolada de encuestas y sondeos a boca de urna mientras los locales de votación permanecen abiertos. A pesar de las restricciones teóricas de la normativa electoral, la práctica demuestra que la ley es letra muerta cada domingo de elecciones.
Al respecto, Rossel trasladó la responsabilidad al Poder Legislativo, señalando que cualquier reforma profunda debe nacer del consenso de los partidos en el Congreso. Recordó que los intentos anteriores de regulación fracasaron cuando se pretendió otorgar al TSJE la potestad de clasificar o auditar la confiabilidad de las empresas encuestadoras. La resistencia de los actores políticos a transparentar estas herramientas de inducción del voto sigue siendo el principal obstáculo para una competencia electoral más limpia.