Las recientes tormentas y granizadas que azotaron a varios puntos del territorio nacional volvieron a poner en evidencia una realidad estructural que el Paraguay no logra resolver: la extrema vulnerabilidad de su infraestructura escolar. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reportó que un total de 135 instituciones educativas sufrieron daños de diversa consideración. Ante este escenario, la cartera estatal se ve obligada a iniciar gestiones de urgencia para obtener recursos extraordinarios por valor de G. 2.000 millones, una cifra que expone la falta de previsión y el agotamiento prematuro de los fondos destinados al mantenimiento escolar en el presente ejercicio fiscal.
El hecho plantea una pregunta de fondo que va más allá de la coyuntura climática: ¿por qué el sistema educativo paraguayo sigue operando al límite, sin un fondo de contingencia real para mitigar los efectos de fenómenos climáticos que son cada vez más recurrentes y severos? La respuesta se encuentra en la rigidez presupuestaria y en una planificación que históricamente corre detrás de las emergencias en lugar de anticiparlas.
El mapa de los daños y las zonas críticas
Según los datos oficiales proveídos por el ministro de Educación, Luis Ramírez, el impacto del temporal no se distribuyó de manera uniforme, sino que se concentró en las zonas urbanas y de mayor densidad poblacional. Asunción lidera el reporte de daños con 43 establecimientos afectados, seguida de cerca por el departamento de Caaguazú con 34 instituciones y el departamento Central con 33. En el resto de los departamentos del país, los reportes varían en una escala menor, registrando entre uno y cuatro establecimientos perjudicados por localidad.
El panorama en la capital es el que más preocupa a las autoridades de la cartera. El ministro advirtió que cuatro escuelas de Asunción se encuentran hoy en una situación crítica. En estos casos específicos, el temporal no hizo más que agravar un deterioro estructural preexistente, lo que obligará a realizar obras de gran envergadura para que los edificios vuelvan a ser seguros para los estudiantes. Esto demuestra que la falta de un mantenimiento preventivo sistemático convierte cualquier lluvia fuerte en una potencial catástrofe edilicia.
La encrucijada operativa y presupuestaria del MEC
La respuesta del MEC ante esta crisis tropieza de inmediato con dos limitaciones severas que el propio ministro Ramírez se encargó de transparentar. En primer lugar, la cartera educativa carece de cuadrillas de construcción o equipos técnicos propios para ejecutar refacciones de manera directa y ágil. En segundo lugar, el presupuesto ordinario para reparaciones del año en curso ya se encuentra totalmente agotado.
Esta doble carencia obliga a la institución a depender de la burocracia estatal para reaccionar. Para subsanar los daños actuales, el MEC solicitará formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas una ampliación presupuestaria de G. 2.000 millones. Si bien la cifra parece menor en el contexto del presupuesto general, el trámite administrativo que conlleva la liberación de estos fondos extraordinarios colisiona con la urgencia que requiere la vuelta a clases en condiciones dignas.
Como solución de fondo para el mediano plazo, el MEC ya planteó para el ejercicio presupuestario de 2027 una partida específica de G. 50.000 millones destinada exclusivamente al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura escolar. La propuesta es técnicamente razonable, pero traslada la solución definitiva a un horizonte temporal lejano, dejando a las escuelas desprotegidas ante los temporales que inevitablemente ocurrirán en los próximos dos años.
Parches temporales a la espera de recursos
Mientras se gestiona la ampliación presupuestaria y se destraban los fondos en el Ministerio de Economía, el MEC coordina tareas con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otras entidades públicas. El plan inmediato consiste en ejecutar reparaciones menores y puntuales durante la próxima semana en aquellos locales que no presentan riesgos estructurales graves.
Esta articulación interinstitucional es necesaria y valorable para salir del paso, pero no deja de ser un paliativo temporal. La recurrencia de estos eventos climáticos exige un debate serio sobre la descentralización de los recursos de infraestructura y la creación de un seguro o fondo de emergencia escolar de rápida ejecución. Mientras el mantenimiento de las aulas dependa de ampliaciones presupuestarias coyunturales, la educación paraguaya seguirá quedando a la intemperie con cada tormenta.