Tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados alteraron sus agendas legislativas esta semana. Adelantaron debates y dejaron proyectos pendientes para priorizar el apoyo a sus bases electorales.
La Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que modifica el régimen de jubilaciones y ascensos de la Policía Nacional. La propuesta pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, en medio de alertas por el millonario déficit estatal.
La delegación liderada por el presidente Santiago Peña presentó oportunidades de negocios ante empresarios estadounidenses. Los proyectos abarcan infraestructura, sector forestal, tecnología y energía.
El departamento dispone de 1.000 dosis de la vacuna Qdenga para la franja de 6 a 60 años, pero la asistencia a los vacunatorios habilitados en 12 distritos sigue siendo mínima.
Un informe preliminar del órgano de control revela graves inconsistencias en el sistema informático del Ministerio de Educación, en medio de la investigación por presuntas firmas y documentos académicos falsificados.
Son más de 300 afectados que aseguran haber comprado los lotes de buena fe a través de una inmobiliaria. Piden la intervención de la jueza de Ejecución y de la Senabico.
Transportistas escolares, conductores de plataformas y tumberos instalaron una mesa técnica con el titular de la estatal ante el reajuste tarifario motivado por la tensión internacional.
El Ministerio Público sostiene que el documento académico del exlegislador carece de validez real. El juicio oral entra en su etapa final tras los alegatos de la defensa.
El Ministerio de Salud Pública modificó el rango de aplicación del esquema inmunológico, que anteriormente llegaba solo hasta los 39 años. La campaña prioriza inicialmente a varios departamentos del país.
Los agentes del Ministerio Público sostienen que el exsenador colorado no pudo demostrar haber cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana y señalaron graves contradicciones en las pruebas presentadas.
La Encuesta Permanente de Hogares del INE expone la realidad de un sector golpeado por la desocupación y niveles de informalidad laboral que superan el 89% en los segmentos de menor edad.
El reclamo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud beneficiaría a unos 45.000 funcionarios y tendría un costo anual estimado de USD 103 millones.