El Ministerio Público sostiene que el exmandatario coordinó con autoridades del Banco Central acciones para evitar la intervención de la entidad y proteger intereses del Grupo Vázquez.
El Ministerio Público sumó la figura de asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña y procesó a exmiembros del Directorio del BCP. Las implicancias de un caso que sacude el sistema financiero y el control previsional.
El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La medida rige de inmediato en la red estatal y alcanza a cuatro tipos de carburantes. El Ejecutivo dispone además una reducción del 50% en el Impuesto Selectivo al Consumo con la promesa de sostener los precios hasta enero.
La Cámara Baja dio luz verde al proyecto presupuestario con ajustes en gastos superfluos del Ejecutivo. El texto pasa al Senado en un escenario marcado por la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al Palacio de López.
La Cámara Alta aprobó la expulsión del mandatario por 44 votos tras la crisis vinculada a Ueno Bank. Peña quedó bajo arresto domiciliario por orden de la Fiscalía y Antonio Barrios ocupará la Vicepresidencia.
El expresidente del Banco Central del Paraguay se entregó a la Policía tras la orden emitida por la Fiscalía en la causa sobre la crisis de Ueno Bank. El hecho abre interrogantes sobre los controles institucionales.
Tras ser destituido por juicio político, el exmandatario cumplirá prisión domiciliaria, mientras que Carlos Carvallo irá a una dependencia policial. El caso sacude los cimientos políticos y del sistema financiero.
El ex vicepresidente juró para completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028. El Congreso rechazó la dimisión de Peña y lo destituyó tras la crisis originada en Ueno Bank.
El Ministerio Público solicitó la detención domiciliaria del expresidente y la reclusión del extitular del Banco Central. La investigación busca determinar responsabilidades en la supervisión de la entidad antes de su colapso.
La Cámara Alta sopesa la continuidad del mandatario mientras la acusación sostiene la responsabilidad política en el esquema financiero y la defensa alega irregularidades en el proceso.
