El Ministerio Público sostiene que el exmandatario coordinó con autoridades del Banco Central acciones para evitar la intervención de la entidad y proteger intereses del Grupo Vázquez.
El Ministerio Público sumó la figura de asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña y procesó a exmiembros del Directorio del BCP. Las implicancias de un caso que sacude el sistema financiero y el control previsional.
El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La medida rige de inmediato en la red estatal y alcanza a cuatro tipos de carburantes. El Ejecutivo dispone además una reducción del 50% en el Impuesto Selectivo al Consumo con la promesa de sostener los precios hasta enero.
La Cámara Baja dio luz verde al proyecto presupuestario con ajustes en gastos superfluos del Ejecutivo. El texto pasa al Senado en un escenario marcado por la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al Palacio de López.
La banca matriz inició el proceso de acreditación para cerca de 1,9 millones de depositantes mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. El tope fijado equivale a 40 salarios mínimos y contempla compensaciones previas con deudas vigentes.
Tras la intervención ordenada por el BCP por fallas severas de solvencia, cerca de 490 empleados aguardan el cobro de sus haberes mientras el Ministerio de Trabajo fiscaliza la nómina y las firmas tercerizadas.
Medios especializados como Bloomberg Línea, Financial Times e Infobae analizan el impacto de la intervención en la entidad. El foco está puesto en los fondos públicos, la exposición del IPS y el rol del Banco Central.
La normativa faculta al BCP a desembolsar hasta 40 salarios mínimos por persona en un plazo inicial de 24 horas, en un intento por contener el impacto social y bancario de la entidad.
La Cámara Baja debate este jueves la acusación formulada por opositores y disidentes colorados. Si la iniciativa logra los votos, la destitución del presidente dependerá de una mayoría calificada en el Senado.
El proceso abarca a casi dos millones de clientes. Unos 280.000 usuarios que no poseen cuentas en la banca privada deberán ser bancarizados en otras entidades para recibir los fondos.
