La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
La fortaleza del guaraní perfora los ingresos de los exportadores y los obliga a operar a pérdida o abandonar mercados. Diez gremios empresariales se reunieron con el Equipo Económico para buscar salidas sin comprometer al BCP.
El nuevo titular de Establecimientos Penitenciarios promete revisar los controles e investigar la complicidad interna. Las acciones del Ministerio de Justicia quedan sujetas a resultados cada 30, 60 y 90 días.
Sectores opositores se reunirán el 9 de noviembre en Asunción para suscribir una declaración de intenciones. El objetivo central es acordar una chapa presidencial única, aunque el mecanismo de selección y la ingeniería electoral siguen pendientes.
La confirmación de 14 jueces en Alto Paraná reflota el debate sobre la Ley 5336/2015, una normativa que asegura el blindaje de los titulares en las ternas y condiciona la renovación en el Poder Judicial.
Frente a la acumulación de denuncias por contrataciones irregulares en el Legislativo, emergen proyectos para frenar el ingreso discrecional. El debate de fondo apunta a si habrá voluntad política para desmontar el esquema.
La Cámara Baja dio media sanción al proyecto que abarca a Misiones, Itapúa, Ñeembucú y Alto Paraná. La medida reflota el debate sobre la asistencia tardía y la coordinación presupuestaria ante el impacto del fenómeno El Niño.
El comisario retirado Óscar Pereira asume en reemplazo de Rubén Peña. La huida de dos reclusos condenados por secuestro y narcotráfico expone las fallas estructurales y la complicidad interna en el sistema penitenciario.
El Ministerio Público investiga al titular del Congreso por el cobro mensual de G. 21,1 millones por encima de su dieta y el ingreso masivo de personal. Los hechos bajo la lupa son lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
