La sostenibilidad financiera del Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa un punto de inflexión estructural que va más allá de los problemas coyunturales de atención médica. El contralor general de la República, Camilo Benítez, advirtió públicamente que los ingresos provenientes de los aportes obrero-patronales ya resultan insuficientes para sostener las planillas de pago a los jubilados, lo que obliga a la previsional a recurrir a los rendimientos e intereses de sus reservas financieras para cubrir la brecha.
El diagnóstico expone la fragilidad del sistema de reparto y plantea un debate inevitable sobre la gestión de los fondos previsionales en el Paraguay. Cuando una entidad de seguridad social debe echar mano a las rentas de sus capitales de reserva para cumplir con sus obligaciones corrientes, el margen de maniobra futuro se reduce sensiblemente, afectando la perspectiva de las próximas generaciones de aportantes.
Diferencias millonarias e inventarios sin control
A la tensión en el fondo de jubilaciones se suma una persistente deficiencia en los mecanismos de control interno y fiscalización de insumos de la previsional. Según reveló Camilo Benítez, existen inconsistencias financieras de gran magnitud entre los registros de los diferentes sistemas informáticos de la institución, alcanzando una brecha sin justificar de G. 623.000 millones.
Esta disparidad contable impacta directamente en la trazabilidad del inventario, con especial severidad en el área de medicamentos e insumos médicos. La falta de integración y la inconsistencia de los datos impiden fiscalizar con certeza el stock real, las salidas y el destino final de los fármacos adquiridos con recursos públicos, abriendo la puerta a pérdidas recurrentes o desabastecimientos en los centros asistenciales.
Sistemas informáticos inservibles por USD 40 millones
El informe técnico de la Contraloría General de la República pone el foco además en las inversiones destinadas a la modernización tecnológica del ente público. El contralor cuestionó la adquisición de plataformas e infraestructuras informáticas por un valor estimado en USD 40 millones, proyectos que actualmente se encuentran fuera de servicio, inoperativos o desactualizados.
La adquisición de tecnología que no llega a implementarse o que queda obsoleta sin prestar servicio representa una pérdida directa de capital para los asegurados. Mientras las plataformas digitales no funcionan, el IPS mantiene esquemas manuales o fragmentados que facilitan la dispersión de datos y dificultan cualquier auditoría en tiempo real.
El escenario planteado por los hallazgos de la Contraloría exige determinar responsabilidades administrativas y operativas sobre el uso de los fondos de la previsional. Queda en evidencia que la reforma de la seguridad social en el país no solo requiere discutir parámetros actuariales, sino asegurar una administración rigurosa que impida la evaporación de recursos en compras fallidas y desajustes contables.