El informe presentado ante el Senado detectó diferencias informáticas por más de US$ 100 millones en fármacos, contratos dudosos de US$ 25 millones y la necesidad de usar intereses para pagar a los jubilados.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
El Gobierno proyecta saldar los atrasos con los proveedores de medicamentos mediante la emisión de bonos. La industria valora la previsibilidad, pero advierte que el verdadero desafío será evitar un nuevo ciclo de endeudamiento.
La Defensoría del Pueblo tramitó 1.438 recursos en solo 16 meses para forzar la provisión de fármacos. Una cifra que desnuda la brecha entre el derecho constitucional a la salud y la gestión estatal.
El ministro Isaías Fretes se reunió con su par de Economía, Óscar Lovera, con el objetivo de captar recursos de la colocación prevista para febrero del próximo año y saldar los compromisos pendientes con proveedores.
Los afectados denuncian que la interrupción del tratamiento pone en riesgo sus órganos y que los fármacos en el sector privado cuestan hasta 5 millones de guaraníes.
