Una nueva auditoría expuesta por el contralor general de la República, Camilo Benítez, ante una comisión especial del Senado confirma lo que la ciudadanía y los asegurados experimentan a diario: el Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta una profunda crisis de gestión, caracterizada por fallas severas en el control de insumos y por un modelo financiero que empieza a mostrar fisuras estructurales. La revisión abarcó 22 auditorías, de las cuales 18 informes fueron remitidos al Ministerio Público al hallarse indicios de posibles hechos punibles, habiéndose abierto ya causas penales sobre ocho de esos expedientes. La pregunta de fondo no es solo dónde están los recursos, sino si la institución tiene la capacidad técnica y política para corregir el rumbo antes de comprometer de forma irreversible sus servicios y sus fondos.
El descontrol en medicamentos y sistemas millonarios
El punto más crítico del informe de la Contraloría radica en la administración del stock sanitario. Los auditores detectaron una inconsistencia de G. 623.000 millones —más de US$ 100 millones— entre los datos del Sistema de Información Hospitalaria y la plataforma encargada del control de medicamentos. Esta diferencia documental, si bien no constituye por sí sola una prueba de sustracción o desvío, expone la incapacidad del sistema para trazar con precisión el recorrido de los fármacos desde su compra hasta su entrega al paciente.
La paradoja técnica es aún mayor cuando se analiza el gasto en infraestructura tecnológica. Según la Contraloría, la previsional destinó cerca de US$ 40 millones en plataformas informáticas que actualmente se encuentran desactualizadas o no funcionan adecuadamente. Es decir, se invirtieron sumas millonarias en herramientas de control que no lograron evitar vacíos de información de más de 100 millones de dólares en el inventario. Ante esto, el organismo fiscalizador instó a la implementación urgente de un sistema eficiente de trazabilidad que audite las compras, el almacenamiento y la entrega efectiva en farmacias.
Compras directas bajo la lupa judicial
La auditoría también pone bajo sospecha los mecanismos administrativos empleados para la adquisición de productos farmacéuticos. De acuerdo con la presentación de Benítez, el IPS utilizó un rubro presupuestario destinado originariamente al pago de sentencias y órdenes judiciales para concretar contratos directos con firmas proveedoras de medicamentos, por un monto estimado en US$ 25 millones.
La Contraloría advirtió que la utilización de esta vía podría configurar un mecanismo para eludir las licitaciones públicas y los controles ordinarios previstos en la legislación de contrataciones. Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si estas maniobras administrativas responden a irregularidades sancionables en el ámbito penal o a faltas en la gestión directiva.
Fondo de jubilaciones: el uso de los intereses de reserva
Más allá del rubro de insumos, el reporte plantea una advertencia seria sobre el equilibrio del fondo previsional. Los ingresos generados por los aportes obrero-patronales ya no alcanzan para cubrir la totalidad de las prestaciones a los jubilados actuales. Para saldar esa diferencia, el IPS comenzó a utilizar los rendimientos e intereses generados por sus reservas financieras.
Aunque el contralor aclaró que no se trata de un colapso inminente de la caja, sí subrayó la urgencia de realizar un estudio actuarial riguroso que defina el horizonte de sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad a mediano y largo plazo dependerá de la capacidad institucional para reducir la morosidad patronal, conciliar la deuda histórica que mantiene el Estado con la previsional y proyectar con precisión la relación entre nuevos aportantes y beneficiarios.
Transición institucional y recomendaciones de control
Los hallazgos de la Contraloría complementan las revisiones iniciadas en abril de 2026 bajo la gestión de Isaías Fretes, periodo en el que se excluyeron más de 800 insumos del vademécum por irregularidades en compras y se detectó equipamiento médico almacenado sin uso en el Hospital Central. Tras la designación de Fretes como ministro de Salud, el doctor Derlis León asumió la presidencia del Consejo de Administración el 13 de septiembre de 2026, con el compromiso manifestado de dar continuidad a los procesos de ordenamiento interno.
Dado que las recomendaciones de la Contraloría General de la República no poseen carácter sancionatorio ni coercitivo, la responsabilidad de corregir las falencias detectadas recae íntegramente sobre las autoridades vigentes del IPS. De no aplicarse los ajustes informáticos y financieros sugeridos, el ente de control advirtió que procederá a la apertura de nuevos procesos de auditoría sobre la administración actual.