El Poder Ejecutivo resolvió destrabar los aumentos salariales para los sectores de la medicina y la docencia, luego de meses de reclamos y protestas. La decisión se da a conocer en la antesala de las próximas elecciones municipales, un periodo tradicionalmente marcado por la presión presupuestaria, y ya genera que otros sectores del funcionariado público se sumen a las exigencias de mejoras salariales.
La medida genera preocupación en el ámbito económico debido al impacto que tendrá en los recursos del Estado. El exministro de Hacienda, César Barreto, advirtió que las finanzas públicas del país se encuentran actualmente “extremadamente debilitadas” y que la aprobación de nuevos gastos permanentes representa un riesgo directo para el Presupuesto General de la Nación (PGN).
La advertencia sobre el déficit y los gastos permanentes
De acuerdo con el análisis de Barreto, la introducción de estos incrementos salariales rígidos amenaza con profundizar el déficit fiscal que ya arrastra el presupuesto estatal. Al tratarse de gastos corrientes que se deben sostener de manera permanente en el tiempo, el margen de maniobra para otras inversiones públicas prioritarias se reduce sensiblemente.
La habilitación de estos fondos para médicos y docentes reactivó la movilización de otros gremios estatales, que buscan aprovechar la coyuntura política previa a los comicios para conseguir reivindicaciones similares, lo que podría aumentar la presión sobre la caja fiscal en los próximos meses.