Diputados deja sin tratamiento el proyecto sobre celulares en aulas y la ley tendrá sanción automática

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La Cámara de Diputados dejó sin cuórum su última sesión ordinaria y no trató el proyecto de ley que busca prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas y colegios del país. Al no ser abordada, la iniciativa tendrá sanción automática (ficta) este viernes 25 de septiembre y el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

La propuesta, presentada por el diputado José Rodríguez, establece la prohibición total del uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes, tabletas y auriculares inalámbricos por parte de los estudiantes dentro de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados subvencionados, durante la jornada escolar.

Alcance y excepciones contempladas en el proyecto

La restricción no se limita únicamente a los alumnos. Según el documento, la prohibición también alcanza a las personas que acompañan y forman parte de los procesos educativos, de acuerdo con las funciones que desempeñen dentro de las instituciones afectadas.

No obstante, el proyecto de ley contempla tres situaciones específicas en las que se permitirá el uso de la tecnología en las aulas:

  • Emergencias: Casos de salud o seguridad que justifiquen el uso del dispositivo, bajo autorización de las autoridades de la institución.
  • Fines pedagógicos: Actividades planificadas previamente por el docente, realizadas bajo su supervisión directa y con el aval de la dirección del colegio.
  • Accesibilidad: Alumnos con discapacidad que requieran de estos equipos como herramientas de apoyo para su aprendizaje.

Reglamentación y decisión del Ejecutivo

De concretarse la sanción de la ley, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) serán las instituciones encargadas de reglamentar y adecuar la aplicación de la norma en el sistema educativo nacional.

La decisión final sobre la vigencia de esta normativa quedará en manos del presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá resolver si promulga o veta la ley una vez que sea sancionada de forma ficta.

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