El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó que dos agentes de la Policía Nacional, que prestaban servicios en la Oficina Central Nacional de Interpol Paraguay, irán a juicio oral y público. Los uniformados están acusados de eliminar de manera irregular las notificaciones rojas que pesaban sobre Gianina García, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y sobre un colaborador de la organización criminal.
La resolución judicial, plasmada en el Auto Interlocutorio N.º 143, rechazó la apelación presentada por la defensa de una de las procesadas y ratificó en todos sus términos el fallo emitido el pasado 14 de agosto por el juez penal de garantías Humberto Otazú. Con esta determinación, los suboficiales Gabriela Vasso Mosqueira y Kevin Eduardo Montiel Sanabria deberán afrontar el juzgamiento público, cuya fecha será fijada una vez que se sortee el Tribunal de Sentencia.
Las acusaciones y el comiso de bienes
De acuerdo con el requerimiento de la fiscala Ruth Benítez, los procesados enfrentan cargos diferenciados por su presunta participación en el esquema que vulneró la seguridad informática de la institución policial. Gabriela Vasso Mosqueira está imputada por frustración de la persecución y ejecución penal, además de realización del hecho por funcionarios.
Por su parte, la situación de Kevin Eduardo Montiel Sanabria es más compleja. La Fiscalía lo acusa por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero. Como parte del proceso, la Justicia mantuvo el comiso especial de los bienes atribuidos a Montiel Sanabria, que habrían sido obtenidos como beneficio económico. Entre lo incautado figura un automóvil Toyota Corolla Runx, año 2005, la suma de G. 3.735.000 y 2.764 pesos argentinos.
Argumentos de la defensa rechazados
La defensa de Vasso Mosqueira intentó frenar la elevación de la causa cuestionando el rechazo de tres pericias informáticas sobre los sistemas de Interpol. El argumento principal era que la agente pertenecía al área de Operaciones y no a la de Comunicaciones, por lo que presuntamente carecía de los accesos necesarios para borrar instrucciones procedentes de la sede central de Interpol en Lyon, Francia.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación desestimó el recurso. La camarista Claudia Criscioni fundamentó que la defensa no logró precisar la pertinencia técnica de las pericias solicitadas. Asimismo, el tribunal recordó que los servidores afectados operan directamente desde Francia y que la Fiscalía ya incorporó al expediente los informes y peritajes técnicos correspondientes para sostener la acusación durante el debate oral.