Durante la jornada electoral de este domingo rigen diversas restricciones legales que buscan garantizar el orden y la transparencia del proceso en todo el país. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recordó la vigencia de prohibiciones que afectan tanto a la comercialización de ciertos productos como al comportamiento de los electores dentro y fuera de los locales de votación, además de la aplicación de sanciones económicas para quienes no cumplan con la obligación de sufragar.
Entre las medidas más importantes se destaca la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, una restricción que comenzó a regir desde la noche de ayer. Esta disposición busca evitar incidentes y asegurar que la ciudadanía concurra a las urnas en un ambiente de tranquilidad. Asimismo, las autoridades recordaron que está estrictamente prohibido el ingreso a los locales de votación con armas de cualquier tipo, incluso para aquellas personas que cuenten con portación autorizada.
Otro de los puntos clave para este día tiene que ver con la privacidad del voto y la seguridad dentro de las aulas. El TSJE reiteró la prohibición del uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo de grabación dentro del cuarto oscuro. Esta medida apunta directamente a combatir el voto asistido ilegal y la compra de votos, prácticas que suelen requerir una prueba digital del sufragio emitido.
Sanciones económicas y restricciones de propaganda
Para estas elecciones, la justicia electoral confirmó que se aplicará una multa de G. 117.077 para todos aquellos ciudadanos habilitados que no concurran a votar, salvo las excepciones justificadas por ley. Las autoridades instan a la población a verificar sus locales de votación con anticipación para evitar contratiempos de último momento.
En las inmediaciones de los colegios electorales tampoco se permiten las reuniones de carácter político ni la realización de propaganda electoral, la entrega de boletines o el uso de distintivos partidarios. El control del cumplimiento de estas normas está a cargo de la Policía Nacional y de los agentes fiscales designados para la cobertura del evento electoral en todo el territorio nacional.