Las elecciones municipales del pasado domingo nos dejaron la habitual postal de participación ciudadana y el previsible mapa de ganadores y perdedores. Sin embargo, más allá del festejo de los partidos políticos y de la aparente normalidad de la jornada, la lectura fina de las instituciones internacionales nos obliga a mirar el reverso de la trama. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su reporte preliminar y, si bien destacó el desarrollo general de los comicios, puso la lupa sobre falencias estructurales que arrastramos de elección en elección sin que la clase política muestre verdadera voluntad de enmienda.
¿Qué significa, en la práctica, este llamado de atención? Significa que el sistema electoral paraguayo, aunque eficiente para procesar votos de manera rápida, sigue mostrando grietas severas en la cadena de custodia de la información, en la equidad de la competencia y en la transparencia del financiamiento. No se trata de un cuestionamiento a la legitimidad de los resultados, sino de una advertencia sobre la calidad de las reglas de juego con las que decidimos quiénes nos gobiernan.
Las sombras sobre la transmisión de resultados y el voto asistido
Uno de los puntos más sensibles señalados por la delegación de la OEA tiene que ver con la cadena de custodia de las actas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En un sistema que se jacta de su modernización tecnológica, la seguridad del dato desde que se emite hasta que se consolida debe ser incuestionable. Cualquier duda en este tramo no hace más que alimentar teorías de conspiración que erosionan la confianza pública en la justicia electoral.
Por otro lado, el informe vuelve a poner sobre la mesa una práctica que en el Paraguay ya parece folclórica, pero que roza la coacción: el control del voto asistido. Lo que la ley concibe como una excepción humanitaria para personas con discapacidad o adultos mayores, en la práctica de nuestras mesas de votación suele convertirse en un mecanismo de control de voluntades por parte de los operadores de turno. La OEA advierte sobre la necesidad de un control estricto para que la asistencia no sea una excusa que anule el secreto del voto.
Bocas de urna y el dinero que financia la política
El documento también aborda la publicación de las bocas de urna durante la jornada electoral. Esta práctica, prohibida formalmente en ciertos horarios pero burlada sistemáticamente mediante el uso de iniciales o alegorías en medios de comunicación y redes sociales, genera una distorsión en la percepción del electorado mientras los comicios siguen abiertos. La regulación actual es una línea dibujada en la arena que todos deciden ignorar, y el organismo internacional lo expone con claridad.
Finalmente, el punto central que define la equidad de cualquier contienda: la fiscalización del gasto electoral. De nada sirve tener leyes de financiamiento político rigurosas en los papeles si los órganos de control carecen de la capacidad real para auditar el origen del dinero que sostiene las campañas. El riesgo de la penetración de fondos de origen dudoso en la política local no es una hipótesis teórica; es una amenaza latente que debilita las bases de nuestra representación.
Las observaciones de la OEA no deberían quedar en el archivo de los informes diplomáticos. Representan una agenda de reforma pendiente que tanto el oficialismo como la oposición prefieren esquivar una vez que se apagan las luces de la campaña. La pregunta que nos queda, de cara a los futuros procesos electorales, es si tendremos la madurez política para corregir estas vulnerabilidades o si seguiremos confiando la salud de nuestra democracia a la mera inercia del día de votación.